La Andalucía inventada

Al hilo de estas declaraciones, entre sus propias filas, han opinado los habituales políticos de mamandurria, que han provechado para subirse al carro. Y he aquí lo llamativo; porque son los mismos prebendados que días atrás profirieron soflamas en favor de ese andalucismo ladrón que ahora denuncian. No aportan nada intelectualmente; insisten en querer convencer de la bondad irrefutable que según ellos supuso el hecho autonómico andaluz. Esa gran mentira que tanto daño nos ha causado. Sus interesadas digresiones oscilan entre las que achacan los males de la actual Andalucía a la desaparición del reino musulmán de Granada y su falaz genocidio por la monarquía hispánica, hasta aquellas otras que presentan la cuestión haciendo gala de una mendacidad historiográfica ridícula.

Con su vitriólica propensión a la mentira tratan de ocultar la debilidad de sus afirmaciones, sobre una inexistente «Andalucía histórica, mítica y legendaria que por fortuna ellos libraron del yugo franquista para beneficio de todos nosotros, los habitantes del sur de la península Ibérica». Nada más sofístico que tan perversa afirmación.

Su excurso, desbordado por un lenguaje de fingida cohesión emocional, se apoya sobre una retahíla de falsos factores históricos, lingüísticos e incluso étnicos que materializan en un despliegue de símbolos y liturgias nacionalizadoras inventadas, como apelación irrestricta al complejo tribal instintivo que padecen. Su proclividad a un ardor de Volksgeist, tan añorante como delirante, les hace creerse como deudos del ideal andaluz, arcaizantemente superiores a quienes niegan sus fementidas afirmaciones. En esta deriva llegan a concluir que el hecho de la existencia territorial de Andalucía, supone un condicionante previo y anterior a la Constitución del 78 y a la propia existencia de España; de modo que nadie, ni nada, puede objetar ni ser óbice para cuestionar la legitimidad histórica y democrática de su Andalucía inventada, por muy confuso, polémico, manipulado e ilegal que fuera, y que lo fue, el suceso político de su alumbramiento.

Pero es que van mucho más lejos, porque pretenden emular, torpemente, dicho sea, a los nacionalismos periféricos, entre los que tratan de situar a la Andalucía que patrocinan, retroalimentándola por oposición dialéctica a las reflexiones orteguianas sobre la idea de nación, bien patentes en la España invertebrada, hasta caer en un ramplón determinismo histórico, que después traicionan claramente con afirmaciones tales como: «Andalucía sin Granada no existe». De este modo, se precipitan en el abismo al persistir, con engaños e invenciones propias de regímenes totalitarios, en la existencia de una Andalucía como un producto de la historia, heredado e incuestionable, común e indivisible. Todo un ejemplo de nacionalidad voluntarista que pretenden elevar hasta el legado cultural de Ortega y de Renan, como si Andalucía fuera un estado-nación. Solo así se explica que pataleasen hasta introducir en el preámbulo del nuevo estatuto de 2007 los términos pretensiosos de «Andalucía realidad nacional». Nada más fingido en la farsa andalucista que este binomio «Andalucía-histórica, Andalucía-nación» que fomentan como casta política asentada en el poder regional centralizado en Sevilla, que nos martillea con tan apócrifo discurso, venerablemente anquilosado, políticamente dañino e históricamente inane, solo para preservar los privilegios del sevillanismo y sus prosélitos.

A poco que se conozca la historia de España, no se situará la existencia de Andalucía ya con los Reyes Católicos, porque se sabrá, sin duda, que el advenimiento de la dinastía borbónica interesó, como medio de asentar el poder absoluto al estilo francés, el acabar con la organización territorial austracista. No obstante, tuvieron que transcurrir 133 años y sucederse dos constituciones para que se produjera la sustitución del sistema de organización en reinos, por el modelo departamental francés —que por cierto, no inventó Javier de Burgos—, y que venía siendo impulsado por la Administración josefina—, para que se hablase por vez primera, de modo jurídicamente intranscendente de 'la Andalucía' como una suma de los territorios de Castilla y del Reino Cristiano de Granada. Un proceso de afrancesamiento de la organización territorial que en 1847 desaparecería, hasta su imposición en 1980. Esa es, y no otra, la escueta realidad de la Andalucía inventada que ellos quieren hacer histórica, mítica y legendaria.

La real, en la que nos encontramos, por más que sulfuren cuando se les recuerda la traición que para Granada supuso el pucherazo del referéndum del 28-F y el subsiguiente proceso —que nunca revisó el Tribunal Constitucional—, de violación de la voluntad popular y las normas entonces vigentes, no es sino un fruto derivado de un árbol envenenado, nulo ab initio, que jurídicamente admite revisión.