'Amigos' de España

Consecuentemente nos encontramos ante una doble clasificación de compatriotas (compatriotas oficiales, según el Registro Civil): los que sienten su país como propio y los que lo repudian y gustarían ver su parcela convertida en Estado soberano con fronteras guardadas por su propia policía que exigiera el pasaporte a los naturales de Cuenca o Lorca para pisar 'su' país.

No es nuevo el caso de españoles que hablan mal de su patria, España, siendo una excepción el pasaje cervantino en el que, don Quijote, refiriéndose a Granada, exclama aquello de «¡Y buena patria!» La llamada literatura regeneracionista también hizo incursión en el tema que tratamos para criticar aspectos mejorables de la vida española (Joaquín Costa, 'Oligarquía y caciquismo', 1901) o para expresar un sentimiento trágico de la vida hispánica, quintaesenciado en la expresiva y plástica frase de Miguel de Unamuno, «¡me duele España!» (1923). En esta misma línea de pensamiento hay que citar a Pío Baroja, que situaba los problemas públicos o colectivos de España en el terreno esencialmente moral. Como hoy debemos hacerlo, sin duda.

En esa línea de pensamiento, de preguntarnos qué es ser español, despunta sobremanera la redacción que propuso Antonio Cánovas del Castillo –artífice de la Restauración (1874)– para el texto de la Constitución de la Monarquía alfonsina (1876). Tal vez llevado de un arrebato interior, de amargura o de impotencia, o de sarcástica ironía, el malagueño sugirió que «español es el que no puede ser otra cosa».

Como se ve, esta sorprendente anomalía hispánica, de ser español y a la vez no querer ser español, no es una novedad de nuestros días. Es cuestión vieja. Resulta ser así un lugar común citar el célebre verso del catalán (¡qué casualidad!) Joaquín Bartrina que, mediado el siglo XIX, acierta a plasmar estas famosas estrofas: «Oyendo hablar a un hombre/fácil es acertar dónde vio la luz del sol:/si os alaba a Inglaterra, será inglés/si os habla mal de Prusia, es un francés/y si habla mal de España… es español».

Volviendo nuestra mirada al ruedo político celtibérico (lo que Carandell, otro catalán, llamaba 'Celtiberia show'), las cosas no han cambiado desde que se escribieran todas esas reflexiones precedentes. Inaugurada la etapa democrática con la generosa y liberal Constitución de 1978, obra de todos y para todos (por eso permanece), pasará a la Historia política patria su título VIII dedicado a la organización territorial del Estado. Éste se articula en comunidades autónomas, solución que se pensó con el bienintencionado propósito de calmar las perturbadoras reivindicaciones territoriales nacionalistas. Cuarenta años después, éstas últimas se han agudizado hasta el culmen de los disparatados acontecimientos catalanes del otoño de 2017, que contemplaron nada menos que una declaración unilateral de independencia, frenada –que no solucionada– merced a la aplicación de la cláusula de defensa del Estado (art. 155 CE).

Los resultados de las recientes elecciones del 14-F arrojan hoy un saldo en escaños todavía más favorable que antaño al secesionismo catalán, por desgracia. Para mayor preocupación, el socio podemita de Sánchez se declara –desde el Gobierno del Estado– ferviente 'amigo' de España, al pronunciarse como decidido partidario de la autodeterminación de sus regiones («Nos gustaría que los catalanes se quedaran con nosotros, pero reconocemos su derecho a decidir», Iglesias 'dixit'. ¡Viva la coherencia!).

Tras el recuento de votos, ERC ha presentado en el Congreso una moción solicitando al Gobierno la celebración de un referéndum de autodeterminación para Cataluña (¿les suena?). Rápidamente ha encontrado comprensión y apoyo en el nacionalismo vasco a través de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, quien expresa su comprensión a la aludida petición dado que «nosotros siempre hemos sido partidarios de la autodeterminación del País Vasco» (sic).

De acuerdo. Y, seguidamente, Navarra, Baleares, Galicia, Comunitat Valenciana… A este paso no va a quedar nadie dentro de España ni siquiera para apagar la luz. ¿Será la democracia parlamentaria de 1978 el régimen político que contemple la centrifugación de España y el desmembramiento de sus regiones? Los datos parecen indicar que vamos por ese camino.