ERC insta a JxCat a decidir esta semana un sustituto viable de Jordi Sànchez

Sànchez sigue siendo el candidato oficial, pero los dos grupos independentistas están a la espera de los recursos presentados por sus abogados contra la decisión del juez Llarena de no permitir su asistencia al pleno de investidura. ERC no se comprometió ayer a esperar el proceso judicial, si los términos de los recursos se prolongaban demasiado, y esta mañana ha apremiado a los neoconvergentes a presentar un candidato viable, justo 24 horas antes de que el grupo de JxCat se reúna mañana en Bruselas, donde podría tomar decisiones de calado para la investidura. «Es a JxCat a quien le toca hacer esta propuesta, respetaremos sus procesos internos», ha apuntado. Eso sí, la número 2 de ERC cree que es «urgente» tener un gobierno. «Queremos unas instituciones al servicio del país que lideren la respuesta a las necesidades sociales», ha señalado la dirigente republicana tras reunirse con el líder de CCOO en Cataluña.

Según Rovira, «es importantísimo que se conforme este gobierno, queremos un gobierno efectivo y lo que falta ahora es tener el candidato para hacer una investidura efectiva». «El nombre no será un obstáculo», ha asegurado, desde la premisa de que la «prioridad es un gobierno efectivo, que pare los pies al 155».

Mientras, la mesa de la Cámara catalana ha aprobado esta mañana, con los votos de los grupos independentistas, instar a los letrados de la Cámara catalana a que elaboren un informe sobre las posibles acciones penales que podría emprender el Parlamento autonómico contra el juez del Supremo, Pablo Llarena. Los secesionistas amenazan con presentar una querella por prevaricación por su decisión de no permitir el permiso a Jordi Sánchez para someterse al pleno de investidura que estaba convocado ayer.

Fuentes parlamentarias han señalado que la intención inicial de JxCat era que la Cámara catalana contratara a un bufete externo para estudiar la querella, pero según estas fuentes lo letrados han asegurado que podían incurrir en un delito de malversación y de momento las posibles acciones penales las estudiarán los propios juristas.