La Justicia italiana se lava las manos y deja libre a Puigdemont

El expresidente de la Generalitat, de esta manera, mantiene su libertad de movimientos, que no tardó en aprovechar para saludar efusivamente al grupo de independentistas sardos que le jalearon a la salida del tribunal de Sassari.

Puigdemont estuvo acompañado por el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y por los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín. Cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se enteró por los medios de comunicación de que Ponsatí y Comín habían viajado a Italia, se apresuró a pedir a la Justicia italiana que ambos fueran igualmente detenidos y extraditados. Según informaron fuentes del Supremo, Llarena recordó al Tribunal de Apelación de Sassari que la situación de ambos es similar a la de Puigdemont, al pesar sobre todos ellos «la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros». Pero su petición cayó en saco roto.

El letrado italiano del equipo de abogados de Puigdemont, Agostinangelo Marras, fue el encargado de anunciar la decisión a los medios que el tribunal de Cerdeña «ha suspendido la decisión a la espera de que se definan dos cuestiones preliminares en la corte europea: la relativa a la inmunidad de Puigdemont y la relativa a la competencia del juez español para adoptar una medida como la que ha tomado. El procedimiento no está archivado, sino suspendido a la espera de estas dos decisiones». El abogado también aclaró que el tribunal había rechazado la petición del letrado de Vox para personarse en el proceso.

Crecido después de la decisión de la Justicia italiana, Puigdemont ofreció una conferencia de prensa en la ciudad sarda de Alguer, en cuyo aeropuerto fue detenido hace doce días, para recordar que tres países europeos, Bélgica, Alemania y ahora Italia, le habían dejado en libertad. «Es el momento de decirle a España y lo diré en italiano: ¡Basta! Basta de seguir un camino que no le da ningún resultado positivo. Un camino que dificulta una resolución política a un conflicto político», clamó el expresidente de la Generalitat, que acusó a España de hacer un uso político de los procedimientos judiciales.

Tras reconocer que había seguido de oídas la reciente convención del PP en Valencia, en la que Pablo Casado anunció que traería a Puigdemont a España para ser juzgado, aprovechó su comparecencia para dejar un recado conjunto al líder de la oposición y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Ambos han hecho promesas políticas de que me extraditarán. No sé cómo lo harán cumpliendo la ley. Solo hay opciones ilegales: interviniendo en la acción judicial. Feo. Ya sé que no les importa pero sería fuerte que el poder ejecutivo le diga al judicial lo que tiene que decir. La otra es más peligrosa: me secuestrarán. Harán como en la guerra sucia de los GAL».

Flanqueado por Marras y por su abogado principal, Gonzalo Boye, Puigdemont aseguró que estaba «muy contento» por la decisión del tribunal de Sassari, aunque se la esperaba, por lo que estaba «tranquilo».

Alternando el catalán con el inglés y el italiano, remarcó una vez más que su caso es «un problema europeo» y abogó incluso por la expulsión de España de la Unión Europea. «Es el momento de preguntarse si España sigue siendo miembro o si hay excepción en el Estado de derecho europeo», dijo para subrayar que los criterios de los tribunales españoles en su caso son rebatidos en las instancias judiciales de otros países europeos. «La reputación de uno de los pilares de derecho, el poder judicial, queda muy tocado, deteriorado. Y esto no es bueno para nadie, tampoco para la UE. Es un consejo que beneficiaría a todos que España frenara esta deriva», recalcó.