El Tribunal de Cuentas duda del aval del IFC al 'procés'

Concretamente, el organo contable pide a la Abogacía que responda en un informe –que no es vinculante– a varias cuestiones concretas.Entre ellas, si el decreto por el que se creó el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña y la prestación de aval con garantías de fondos públicos puede constituir afianzamiento de las posibles responsabilidades que se reclaman a los ex altos cargos. También si la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave.

Por último, cuestiona la legalidad de «que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable» de estos ex altos cargos.

Con decisión, además de suponer un nuevo retraso en el proceso –el pasado jueves ya se paralizó el embargo de bienes–, el Tribunal de Cuentas devuelve la pelota al Gobierno, que ya había anunciado que la Abogacía del Estado no iba a continuar con el expendiente ni presntaría demanda. Sin embargo este martes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde Moncloa han iniciado «los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas». «No es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico», reconoció.

En el Gobierno catalán mantienen su defensa la legalidad del decreto que fija los avales.Su portavoz, Patrícia Plaja, insistió en la «pulcritud jurídica» del fondo de 10 millones de euros con el que la Generalitat pretende que se abonen las fianzas de los investigados y volvió a pedir al Tribunal de Cuentas, cuyo mandato entró en funciones el pasado viernes. que «no haga política» con este asunto.

Sin embargo, aún están pendientes de otro informe, el solicitado por el PSC, PP y Cs al Consejo de Garantías Estatutarias –órgano cuyas decisiones tampoco son vinculantes–.Este tiene de plazo para pronunciarse hasta mañana. En el Govern confían en que les dé la razón y pretenden que el decreto sea convalidado por el Parlament este mismo jueves.El líder de los socialitas catalanes, Salvador Illa, también confía en que se ajustará a la normativa.

Entre los que se han acogido a al aval figuran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas o el exvicepresidente Oriol Junqueras. El plazo concluyó en la medianoche del lunes y el Tribunal de Cuentas esperará ahora para decidir si definitivamente rechaza el aval y deben presentar otro tipo de bienes si quieren evitar el embargo. El propio Mas declaró que ha preparado «un plan B». Lo cierto es que, de momento, la fianza en forma de aval con fondos públicos de la Generalitat queda en el aire.