Catorce exministros y expresidentes del Congreso y del Senado llaman a revocar el uso de las lenguas autonómicas

Las rúbricas incluyen a Soledad Becerril, la primera mujer que ostentó una cartera ministerial en el gabinete de la UCD de Adolfo Suárez, cuyo hijo, exdiputado del PP, también apoya el texto al igual que Ignacio Camuñas; a los titulares de distintos departamentos con Felipe González -José Luis Corcuera, Javier Sáenz de Cosculluela y Virgilio Zapatero- y con José María Aznar y Mariano Rajoy -el citado Posada, Juan Carlos Aparicio, Miguel Arias Cañete, Rafael Arias-Salgado, Rafael Catalá, María Dolores de Cospedal, Isabel García Tejerina, Isabel Tocino y Federico Trillo; y figuras que desempeñaron relevantes responsabilidades institucionales en ambas formaciones como Javier Rupérez, Francisco Vázquez, José Rodríguez de la Borbolla o Joaquín Leguina, estos tres últimos integrantes del grupo heterogéneo de antiguos cargos socialistas que se han ido distanciando de su sigla (también firman Rosa Díez y José Antonio Maturana, vascos como Redondo, Rojo y Laborda). Los firmantes se oponen al modo en que se va a llevar a cabo la reforma del Reglamento -inconstitucional, a sus ojos- para propiciar que los diputados puedan expresarse a partir de este martes en catalán, euskera y gallego (las lenguas de las comunidades históricas) y también en valenciano, aranés, aragonés y asturiano. Y deducen que la intención del soberanismo es una: «Negar la condición del castellano como lengua común de los españoles».

El documento, de poco más de un folio, reivindica el «honor» de sus redactores por haber representado «al pueblo español» en las Cortes en distintos pasajes de los 46 años de democracia, como preludio de la puntualización de que, a pie de Constitución, el castellano es «la única lengua oficial» del conjunto del Estado y que el resto de idiomas lo son en sus respectivas comunidades, como recogen los Estatutos de Autonomía. «Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español», constata el manifiesto, que aprecia «la riqueza cultural» que supone el plurilingüismo que sitúa en el escalón de la «mayor riqueza» disponer de un mismo idioma compartido. La protesta de los firmantes, que reclaman expresamente a los diputados de esta XV legislatura que rechacen la iniciativa -un brindis al sol de lo imposible hoy, dadas las mayorías de la Cámara-, se construye sobre dos argumentos: la «falta de soporte constitucional» de la medida y su convicción de que el soberanismo la blande, precisamente, para negar la existencia de esa lengua común.

Y no ahorran palabras duras para lo que califican como un paso «no razonable» que trasladará la imagen anómala de los representantes de la voluntad popular manifestándose con «el casco o el pinganillo». Así, expresan su «gran estupor y mayor consternación» por que la Cámara se transforme en una «institución plurilingüe» a través de una tramitación «escandalosamente precipitada» y «con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo neoliberal»: que las reformas del Reglamento del Congreso de este calado deben hacerse con un amplio consenso y no con «la imposición» de la mitad del hemiciclo -socialistas, Sumar y los nacionalistas vascos y catalanes- que conduce, acusan, a «una verdadera ruptura de las reglas propias del sistema democrático». «Quienes firmamos este escrito no nos pondríamos nunca un pinganillo para poder dialogar con un compatriota», rematan los pasados ministros, presidentes de las Cortes, diputados y senadores.

Uno de los promotores, Juan José Laborda, había sido la velada anterior el protagonista de una cena-homenaje de amigos en un céntrico hotel de Madrid por su retirada como miembro del Consejo de Estado. La convocatoria, que reunió a más de un centenar de comensales con una nutrida presencia de cargos y excargos identificados con el constitucionalismo -del PSOE y el PP, pero también, por ejemplo, de la hoy extinta CiU y de Ciudadanos- se erigió en una ceremonia de afecto hacia quien presidió el Senado bajo las siglas del PSOE, pero también en la reivindicación festiva de un tiempo de concordia que los presentes vinieron a dar por amenazado en este trance histórico del país; amenaza que vincularon con la ausencia de un mínimo entendimiento entre el PSOE y el PP, con una inquietud palpable sobre la posibilidad de que la investidura salga adelante con un pacto del Gobierno de Sánchez con el independentismo que se cobre el precio de la amnistía.

En su discurso, Laborda echó mano de los clásicos griegos, con Homero en el frotispicio, para distinguir entre «la tragedia y el drama». La tragedia, dijo, fue la «inexorable» dictadura franquista que impidió elegir el camino a seguir. Hoy, como en 1978, España afronta a su juicio un drama que, en cambio, sí puede llevar a la ciudadanía y sus representantes a escoger su «destino». Laborda estuvo acompañado en la mesa de honor, y entre otros, por la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas; la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría; Miquel Roca, 'padre' de la Constitución; y el catedrático y fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras, en un evento al que acudieron rostros del PSOE como la exministra Matilde Fernández y el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.