Las comunidades del PP redoblan su ofensiva contra el reparto de menores inmigrantes

El último capítulo de esta crisis política y humanitaria se vivió este martes con la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto que establece la capacidad ordinaria de cada autonomía para atender a estos menores en base a criterios como la población, la tasa de paro, la renta per cápita, las estructuras disponibles o el esfuerzo previo realizado. Andalucía y Madrid son las comunidades a las que se adjudica la cifra más alta de acogidas, mientras que Cataluña y País Vasco han quedado eximidas de los traslados en base a sus esfuerzos en el pasado, algo que los populares denuncian como un indisimulado trato de favor de Pedro Sánchez a sus socios independentistas y nacionalistas.

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno que haga públicos los datos utilizados para elaborar este «reparto forzoso» que, en palabras del consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García, es «arbitrario, opaco y discriminatorio». El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunció un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo que viene a sumarse a la larga lista que tienen ya sobre la mesa tanto el alto tribunal como el Constitucional. Andalucía también adelantó acciones legales ante lo que interpreta como «una ausencia de equidad». El presidente murciano, Fernando López Miras, ahondó por su parte en que Sánchez adopta medidas de estado en su beneficio y sin contar con las autonomías afectadas.

Frente a la rebelión de las autonomías del PP, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aludió al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio que establece la posibilidad de recurrir a las Fuerzas de Seguridad en caso de que los funcionarios de una autonomía se nieguen a acoger a un menor durante su trasladado. «No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley», zanjó Torres..

Fuentes del PP nacional insisten en que no se opondrán a la ley y reconocen la necesidad de aplicar una solución digna para evitar el hacinamiento de los menores en Canarias y las ciudades autónomas. No obstante, rechazan dar un cheque en blanco al Gobierno y descartan respaldar un plan para el que siquiera han sido consultados, pese a ser actores principales. «Los inmigrantes son personas a atender y no paquetes a recepcionar», sostienen los populares que, añaden, «se necesita un mínimo que no se cumple para poder tratarlos en condiciones». Este mínimo gira principalmente en torno a quién pone el dinero para mantener a los menores. El Ejecutivo ha comprometido una partida de 100 millones para repartir según el esfuerzo que realice cada autonomía durante los primeros meses de acogida, una cantidad del todo insuficiente para el PP.

El Gobierno central elaboró en julio un listado provisional con los menores que acogerá cada comunidad y que en total ascienden a más de 16.000. Andalucía, con 677, será la que más traslados reciba, seguida por la Comunidad de Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Estas cifras, no obstante, podrían variar en la medida en que cada autonomía responda al requerimiento del Ejecutivo para que informe de la cifra actualizada de menores inmigrantes que acoge.