Tercer aviso del Supremo al Gobierno por incumplir la protección de menores migrantes no acompañados

En el auto, el Alto Tribunal aclara que el objetivo no es «una mera rendición de cuenta sobre las gestiones realizadas», sino «la verificación del cumplimiento efectivo de lo ordenado». Advierte además que no basta con justificar lo hecho, sino que debe explicarse «por qué no se ha cumplido lo ordenado en el plazo establecido». La Justicia también desmonta la idea dada por el Ejecutivo central de que el cumplimiento dependa de otras administraciones, subrayando que «el mandato contenido en esta pieza separada exige que la Administración Central lleve a cabo, por sí misma, las actuaciones que le vienen impuestas por la normativa aplicable».

Este es el tercer auto que emite el Supremo, tras los dictados el 25 de marzo y el 4 de junio. Tres en 5 meses. En las resoluciones iniciales, el Alto Tribunal ya había ordenado al Estado garantizar el acceso de estos menores al sistema de acogida, dotar de medios a las oficinas competentes y establecer una colaboración efectiva con Canarias. Pese a que se fijaron plazos improrrogables y se exigió una rendición periódica de cuentas, constatan ahora que la Administración central ha incurrido en una «demora en la adopción de resultados efectivos», lo que agrava una situación ya de por sí «compleja por la carencia de instalaciones adecuadas» para atender a estos menores.

El Gobierno del archipiélago, que promovió este procedimiento como medida urgente ante la saturación del sistema autonómico de acogida, dado el alto número de menores extranjeros que se encuentran actualmente bajo la tutela del Ejecutivo regional, ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que el Estado asuma sus competencias en materia de asilo. En sus alegaciones, la comunidad autónoma ha aportado documentación «en gran parte coincidente» con la del Estado, subrayando las dificultades materiales y humanas que enfrenta para seguir atendiendo a menores cuya tutela excede sus competencias. Canarias insiste en que la situación es insostenible y que la integración en el sistema de protección y asilo debe producirse «con la urgencia y los medios que solo el Estado puede garantizar».

Y mientras el Supremo emite este auto, continúa la pelea entre el Gobierno central con las comunidades autónomas del PP, que no están de acuerdo en el reparto de menores. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles, 30 de julio, que el Ejecutivo expondrá en «siete días» las zonas para acoger migrantes no acompañados que han solicitado asilo y se encuentran en Canarias. El objetivo, según ha expuesto, es «empezar los desplazamientos en el mes de agosto», lo antes posible. Torres ha aprovechado también para criticar que el PP «no» va a las conferencias sectoriales, lo que «impide que haya acuerdos» y, si se producen, los «bloquea» en sus instituciones como, ha matizado, muestra la carta enviada desde la Comunidad de Madrid «diciendo que no salgan los menores que solicitan asilo y que están en Canarias».