El Supremo amenaza con multar al Gobierno si no toma medidas para acoger a mil menores migrantes en Canarias

Tras la vista celebrada el día 29 de mayo, la Sala ha constatado el «claro incumplimiento» de la medida cautelar que ella misma había acordado el 25 de marzo al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos ni haberse elaborado una relación completa y precisa de ellos. El Supremo considera que el Gobierno «ha desconocido» los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de «vulnerabilidad y necesidad».

«Hasta el momento, en claro incumplimiento de la medida cautelar acordada -son ya dos los requerimientos incumplidos-, la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior», subrayan los magistrados en una dura resolución.

Para evitar dudas, los jueces enumeran los derechos de los menores que deben ser garantizados, que son competencia exclusiva del Estado «y que continúan sin ser efectivamente reconocidos a estos menores por parte de la Administración del Estado», como la tramitación del asilo, y no solo los de contenido «material o asistencial», que son atendidos en este momento por el Gobierno de Canarias.

El auto establece cuatro medidas que debe tomar la Administración central. La primera de ellas es que en el plazo de 30 días, se dote de los medios personales y materiales necesarios a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud.

También, en el plazo de 15 días el Supremo reclama al Ejecutivo que articule una colaboración «eficaz» con Canarias mediante la puesta a disposición de la comunidad autónoma de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida.

Además, los jueces reclaman que se identifique a los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los Ministerios afectados. Finalmente, exigen que se dé cuenta detallada a la Sala cada 15 días de la realización de todas estas medidas hasta su completo cumplimiento, con advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en artículo 112 Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que contempla la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que no lleven a cabo los requerimientos de la Sala.

En la vista del 29 de mayo, cinco representantes de los ministerios de Interior y Migraciones reconocieron ante el Tribunal Supremo que todavía no habían evaluado individualmente a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias desde que los jueces lo impusieron como medida cautelar a finales de marzo. Los cargos del Gobierno argumentaron que los solicitantes no tenían documentación. También admitieron que no se había realizado aún «ninguna medida de acogida».

El 25 de marzo, la sala tercera del Supremo había emitido un auto de medidas cautelares en el que aclaraban que el Estado era responsable de hacerse cargo de unos mil menores solicitantes de asilo. Los magistrados concedieron al Ejecutivo diez días para adoptar estas iniciativas, pero al sospechar que no se estaba tomando ninguna de ellas, decidieron convocar una vista.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió al Gobierno «ser exigente» y cumplir con el autor. «El auto del Supremo es una oportunidad que blinda los derechos de la infancia», ha afirmado la ministra. Mientras, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior del incumplimiento del auto del Tribunal Supremo. «No ha habido voluntad de cumplir esa resolución», ha dicho Clavijo.