Siete comunidades reclaman al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Los presidentes de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Cantabria se lo pidieron este domingo a Sánchez y no hubo respuesta clara. Sánchez señaló después de la conferencia de gobernantes autonómicos que el Ingreso Mínimo Vital pasa a ser «parte de (las prestaciones) de la Seguridad Social» para garantizar «la igualdad de derechos en todo el conjunto del país». Una explicación de la que cabe deducir que la gestión de estos recursos correrá por cuenta de la Seguridad Social sin que quepa la posibilidad de trocearla.

De todas maneras, no dijo su última palabra y remitió a los demandantes a que lean los detalles del desarrollo de la norma en el Boletín Oficial del Estado que publicará hoy el decreto ley.

La explicación legal para la cesión al País Vasco y Navarra es que en el calendario pactado de traspaso de competencias se fijó el 31 de octubre para estudiar la cesión de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hasta que se materialice este traspaso, ambas administraciones acordaron aplicar la figura de la encomienda de gestión que permite asumir la administración del Ingreso Mínimo Vital, hasta que se culmine la transferencia.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, argumentó además el pasado viernes que Euskadi y Navarra ya tienen «experiencia» en la gestión de prestaciones similares porque administran desde hace años la Renta de Garantía de Ingresos, un subsidio similar al Ingreso Mínimo Vital.

Pero la realidad más bien apunta a que se trata de un acuerdo político del Gobierno con los nacionalistas vascos para calmar su enfado por el pacto del PSOE con EH Bildu para la derogación de la reforma laboral.

Varios de los gobernantes autonómicos reprocharon a Sánchez la desigualdad. El presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, exigió «igualdad y un trato justo». El de la Xunta de Galicia, el también popular Alberto Núñez Feijoó, recordó que en su comunidad está en vigor desde hace tres décadas una renta de inclusión social, con lo que el argumento de la experiencia también sería aplicable en su caso. Mientras que el de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, solicitó un convenio para que su comunidad asuma «lo más pronto posible» la gestión del ingreso mínimo.

Para el líder del PP, Pablo Casado, este debate demuestra que Sánchez ha convertido la gestión de la pandemia en «un mercado persa» y que la discriminación a favor del País Vasco y Navarra «rompe la igualdad entre españoles».