El Senado aprueba la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación

El presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, recordó, antes de dar paso a la votación, que la corte de garantías había obligado a retirar las enmiendas «imposibilitando el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado». La Mesa de la Cámara territorial, en manos del PSOE y el PNV, decidió el pasado lunes personarse y ser parte en la causa tras aceptar el Constitucional las medidas cautelarísimas que pedía el PP en el recurso de amparo.

No hubo sorpresas y las enmiendas que presentaron los populares, Vox y Ciudadanos para paralizar la reforma fueron rechazadas en un pleno tenso y en el que el PSOEpasó de puntillas por la reforma legal y trató de centrar el foco en la decisión del tribunal de garantías, por primera vez en su trayectoria democrática, de suspender un debate parlamentario.

Los argumentos esgrimidos por los grupos que impugnaron la reforma, a excepción de Junts, coincidieron porque «hoy, a los sediciosos y a los corruptos les ha tocado la lotería», como señaló el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez López, y acuñó el PP en su campaña en las redes sociales aprovechando que el debate coincidía con el sorteo de la lotería de Navidad. Acusaciones de beneficiar a los soberanistas y de haber hecho una reforma del Código Penal «a la carta» para favorecer a los dirigentes condenados por el 'procès', entre ellos, al líder de ERC, Oriol Junqueras. Además de allanar el camino para la celebración de un referéndum de autodeterminación como reclaman los republicanos. «Necesita colocar a un magistrado, cuyo nombre empieza por Cándido y termina por Pumpido, para asegurarse de que cuanto la consulta llegue el TC no sea un obstáculo», afirmó el portavoz del PP, Javier Maroto.

El dirigente conservador acusó a Pedro Sánchez de haber «legitimado el discurso independentista» y volvió a enumerar –como hizo su jefe de filas la víspera en su cara a cara en el hemiciclo– todos los incumplimientos del presidente en estos tres años en la Moncloa: la ejecución íntegra de las penas de los condenados por el 'procés', no tocar el delito de malversación o defender un cambio en el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial.

El cambio en el Código Penal impulsado por el Gobierno y pactado con Esquerra crea un nuevo delito de «desórdenes públicos agravados» en sustitución del de sedición, mientras que en el caso de la malversación se introduce un nuevo tipo para castigar a cargos públicos que se enriquezcan de forma ilícita, imponiendo condenas de hasta tres años de prisión para aquellos que superen ingresos de 250.000 euros sin justificación.