Seguridad Nacional identifica por primera vez como amenaza «las olas» provocadas de inmigración ilegal

Este documento sitúa sin ambages a la inmigración clandestina en el apartado de «riesgos y amenazas para la seguridad marítima» del país por la posibilidad de que estos movimientos de 'sin papeles' puedan ser usados «tanto por actores estatales como por actores no estatales» dentro de las «estrategias híbridas» desplegadas en la actualidad para «explotar las vulnerabilidades» del país.

Seguridad Nacional incluye esta posible activación de «olas incontroladas» de migrantes como una potencial táctica más en esa guerra híbrida ya que, como ocurre con todas la armas utilizadas en estas batallas soterradas (como la desinformación), es muy «difícil» la «atribución de responsabilidades» a quien está realmente detrás de esos flujos de seres humanos.

Para el DSN, la promoción de esas «oleadas» de inmigrantes encajarían perfectamente en las «estrategias híbridas», en cuanto son «acciones en zona gris que buscan desequilibrar las condiciones de seguridad sin llegar a superar el umbral de la agresión armada convencional, con la consiguiente repercusión en la prosperidad y bienestar de los ciudadanos».

En este informe, el DSN evita expresamente nombrar a ningún estado que pueda estar utilizando o lo haya hecho las «oleadas» de inmigrantes como forma de desestabilizar a España. No hay mención alguna al episodio que todos los analistas consideran que ha sido, hasta la fecha, el más importante ejemplo del recurso a la inmigración clandestina como forma de presión: la entrada masiva a Ceuta de cerca de 9.000 inmigrantes el 18 de mayo de 2021, la mayoría de ellos a nado; entre ellos unos 1.500 menores.

Aquella oleada, la mayor de la historia en la ciudad autónoma, fue alentada por las autoridades marroquíes en represalia por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acoger un mes antes en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de la covid-19 en un hospital de Logroño.

Hasta el fin de la crisis diplomática entre ambos países en marzo de 2022 (cuando Sánchez, en un giro radical de la posición histórica de España, reconoció de facto la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental), las llegadas marítimas de inmigrantes desde el país vecino fueron creciendo. El cambio de actitud de Marruecos con la inmigración clandestina fue radical tras el fin del conflicto. En junio de 2022, durante el intento de salto masivo a Melilla que acabó con decenas de fallecidos, las fuerzas del país vecino se emplearon a fondo para tratar de dispersar a los subsaharianos.

La relación de España con los otros tres estados costeros de donde zarpan las embarcaciones clandestinas es igualmente compleja. La comunicación con Argelia, punto de partida de buena parte de las llegadas del Mediterráneo, no pasa por el mejor momento tras el acercamiento con Marruecos, enemigo histórico del régimen de Argel. Y con Senegal y Mauritania, puertos de origen de todos los cayucos y pateras que arriban a Canarias, los nexos son siempre inestables y dependientes de las ayudas económicas.

La preocupación del DSN por la inmigración irregular no solo aparece en la nueva estrategia de seguridad marítima. En su último «informe anual de seguridad nacional», este departamento dedica un amplio epígrafe a los «flujos migratorios irregulares», aunque a diferencia del documento de seguridad marítima, no los encuadra como «riesgo» o «amenaza».

Eso sí, el DSN muestra su preocupación por el hecho de que 2023, con 56.039 inmigrantes, haya sido «el segundo con mayor número de llegadas, solo superado por 2018», con un aumento del 91% de las entradas a España por vía marítima. Los asesores de Moncloa, en su informe, constatan que el pasado año «la presión migratoria provino principalmente de Marruecos, Senegal (debido al deterioro de la situación política y social) y Argelia, además de subsaharianos no identificados (probablemente de Malí, Guinea o Gambia)».