Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

La dirección del partido ya justificó ayer, en una nota interna a las federaciones, que el asunto se había puesto en manos de un órgano de muy reciente creación -el comité antiacoso implantado el pasado mayo- que actúa de forma autónoma e independiente para garantizar confidencialidad y aislar el proceso de injerencias de la secretaría de Organización o de la vicesecretaría general. Pero también reconoció que no se había «arropado» lo suficientemente a las dos mujeres que, el pasado julio, registraron sendas denuncias. En cinco meses ninguna de ellas fue contactada.

El jefe del Ejecutivo, que aseguró que no resta «gravedad» a lo ocurrido, sostuvo que él ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de las dos denuncias contra Salazar hasta que esta semana las publicó 'eldiario.es'. Sí conocía los testimonios que el 5 julio dio a conocer el mismo medio, los que provocaron que el dirigente no fuera ascendido, como estaba previsto para ese mismo día, a secretario de Organización adjunto, pero no llegaron nunca al canal antiacoso.

El terremoto que provocó tener constancia de la falta absoluta de actuaciones, unida al hecho de que hace solo unas semanas 'Artículo 14' publicara la fotografía de un encuentro en un restaurante entre la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y Salazar. levantó enormes suspicacias dentro del PSOE y un señalamiento hacia el propio Sánchez; la vicesecretaria general, María Jesús Montero (cuyo número 3 en Andalucía puso públicamente «la mano en el fuego» por su «amigo» el pasado julio) y contra la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desaparecida en todo este asunto.

Sánchez, asumió este sábado «en primera persona» la responsabilidad ante los periodistas, pero también hizo hincapié en que el fallo ha estado en un aún poco engrasado comité antiacoso y que no fue nada «premeditado»; algo que igualmente defendió Montero, quien reconoció que, al dejar el asunto, tal y como dicta el protocolo, en manos de los «jurídicos», quizá la dirección no estuvo todo lo pendiente que debería y admitió que los tiempos seguidos no son admisibles.

En lo inadecuado de esa tardanza puso también el presidente el foco. Si bien alegó que en ningún caso se han rebasado los plazos del protocolo; algo discutible, si se tiene en cuenta que este fija tres meses para dar respuesta al análisis de las actuaciones, aunque permita prorrogas de otros tres meses «en casos de extraordinaria complejidad o circunstancias justificadas». En cualquier caso, alegó que no es justo cargar tanto las tintas contra su formación y que no consentirá críticas de terceros, singularmente del PP o Vox.

«El PSOE es un partido feminista. Habrá habido un pequeño error en la velocidad de la tramitación, pero no hay ninguna organización que tenga un protocolo antiacoso», reivindicó. «No es justo castigar más a quien más hace», insisten otras fuentes del Gobierno que, además, rechazan las críticas a Torró o Montero. «No olvidemos que los partidos tienen sus dinámicas internas y en muchas ocasiones se aprovechan las crisis para dirimir cuitas orgánicas», aducen.

La asociación Feministas Socialistas (FeMeS), presididas por la filósofa y exmiembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel, denunciaron hoy, sin embargo, en un comunicado, que las explicaciones dadas hasta la fecha son «insuficientes». «Ser es hacer. No es de recibo que, presentada una denuncia en junio de 2025, y creado el órgano en el mes de julio, en diciembre las denunciantes no hayan recibido respuesta. Las mujeres tenemos derecho a desarrollar nuestro trabajo en un ambiente libre», defienden.

La organización, formada por feministas alejadas hace tiempo del partido, alude además a los casos de José Luis Ábalos y Koldo García y del que fuera líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro, para recriminar que el partido se haya convertido en un espacio en «violento para las mujeres y que los acosadores campen con libertad».

En el aire sigue aún qué ocurrirá con las denuncias. En el PSOE algunas dirigentes como Adriana Lastra, exnúmero dos del partido, han pedido ya que, una vez culmine el proceso interno, se acuda a la Fiscalía. El presidente del Gobierno esgrimió que «legalmente» no es posible dar ese paso y que deben ser las mujeres afectadas las que lo hagan; un argumento del que, sin embargo, discrepan algunas voces incluso en su núcleo duro. Es cierto que el acoso sexual es un delito semipúblico y en esos casos para iniciar el procedimiento penal se requiere denuncia de la víctima. El Ministerio Fiscal puede actuar de oficio cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad que necesita protección.