Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

El presidente del Gobierno protagoniza desde hace más de un año un cierre de filas absoluto con el sucesor de Dolores Delgado y lo mantiene pese al dictamen de los jueces que lo inhabilita durante los próximos dos años y que podría costarle la expulsión de la carrera fiscal. Un camino que podría revertirse si el Tribunal Constitucional corrige al Supremo como ya anticipó el ministro de Justicia, Félix Bolaños y corroboró el propio Sánchez en Johannesburgo. «Hay otras instancias donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos aspectos de esta sentencia, cuando se conozca, que pueden ser controvertidos», expuso. En Moncloa trabajan en esa vía aunque también cabría un recurso ante la justicia europea. Un paso previo, en cualquier caso, a un eventual indulto a García Ortiz que el Gobierno descarta en este momento. «No tiene ningún sentido ahora mismo», afirmó el jefe del Ejecutivo sin cerrar esa puerta en un futuro.

Tanto el PSOE, como los socios de Gobierno, en bloque, han dejado clara estos días su disconformidad con el fallo. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, incluso acusó este sábado a «una parte del Poder Judicial» de estar «concentrado» en una campaña para «hacer caer» al Gobierno junto a otros grupos de interés. El presidente quiso dejar claro su malestar con un fallo que «lamenta» y cuya orientación no comparte ya que en su opinión, ha quedado patente durante el juicio que el fiscal general «nada tiene que ver con los delitos que se le imputan». «No lo he dicho yo –insistió–, han sido periodistas de acreditado prestigio».

Pero más allá de esa crítica eludió el choque directo con el Tribunal Supremo. Insistió en que el Ejecutivo siempre ha sido respetuoso con la independencia del Poder Judicial, a diferencia del PP. «A mí no me habrán escuchado decir que vamos a controlar la Sala Segunda de lo Penal desde la puerta de atrás», lanzó en una clara referencia al whatsapp que envió en 2018 el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, en un chat a sus compañeros de grupo.

En ese mensaje se detallaban las interioridades del acuerdo alcanzado entre el partido liderado entonces por Pablo Casado con el PSOE para repartirse el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que situaba en la presidencia a Manuel Marchena. El magistrado conservador forma parte del elenco de cinco jueces que sentenciaron al jefe del Ministerio Público por filtrar datos confidenciales del novio de Ayuso.

Tampoco hizo ninguna referencia más al PP de Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido su dimisión y le ha acusado de «abuso de poder» y de «atacar la independencia judicial». Sánchez se limitó a insistir en que desde el Ejecutivo «respetamos y acatamos». Prueba de ello, señaló, es que se ha abierto ya el «procedimiento de sustitución y nombramiento» del nuevo fiscal general del Estado aunque no quiso dar ningún detalle sobre quién será ni si se le ha contactado ya. «Cuando tengan el nombre, verán cuál es el perfil», dijo antes de asegurar que será una persona «con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico».

Desde que el Supremo emitió el fallo condenando al hasta ahora fiscal general del Estado, Sánchez solo había realizado dos intervenciones públicas, sin hacer mención directa a la cuestión. Una de ellas fue durante la presentación de la serie sobre el 23-F 'Anatomía de un instante', en la que hizo una defensa de la democracia, frente a los «abusos de poder», las «nostalgias infundadas» y quienes creen que «tienen la prerrogativa de tutelarla».