Los retos de la nueva vicepresidenta: impuesto energético, relación con las empresas y fin de la nuclear

No será el único laberinto que Aagesen, habituada a las complejas negociaciones en la Comisión Europea -como la que realizó para sacar adelante la excepción ibérica en la crisis de precios energéticos- deberá dilucidar una vez tome posesión en el cargo. Porque sobre la hasta ahora Secretaria de Estado de Energía se encuentran centradas todas las miradas del sector energético, cuyas relaciones se han ido deteriorando en parte con Transición Ecológica, con decisiones clave como aclarar el futuro de las centrales nucleares.

La reforma fiscal aprobada el pasado jueves en el Congreso in extremis con el pacto acordado entre los socios de Gobierno (PSOE y Sumar) con los de la investidura (ERC, PNV, Bildu, Junts) dejó apartada la posibilidad de prorrogar el impuesto energético que ha estado en vigor desde el verano de 2022. En las próximas semanas, una comisión que integrará a los distintos grupos parlamentarios tratará de consensuar una fórmula para que este gravamen siga en vigor a partir del 1 de enero de 2025, como así va a ocurrir con su hermano, el gravamen bancario.

Pero no está claro que los partidos lleguen a un punto en común, habida cuenta de las diferencias mostradas por los grupos: Junts ya se ha mostrado contrario al tributo por poner en peligro las inversiones de Repsol en su complejo industrial en Tarragona, el más importante energéticamente hablando de esa comunidad autónoma. En el caso del PNV tampoco está claro su predisposición a aprobarlo, por las inversiones de las energéticas y eléctricas en el País Vasco. Mientras que los grupos de la izquierda quieren mantenerlo para incrementar la recaudación por los beneficios «millonarios», insisten, de estas compañías.

Cuando Teresa Ribera accedió al Ejecutivo en el verano de 2018, después de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura a Mariano Rajoy, las energéticas vigilaron de cerca los movimientos de la nueva responsable del sector, mucho más vinculada al cambio climático y al medio ambiente que a los temas estrictamente energéticos. Pero poco a poco la relación del Ministerio con Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Moeve (antes Cepsa), Acciona, EDP y otras firmas fue mejorando.

El Plan de Energía y Clima fue un punto de inflexión que todo el sector valoró positivamente. Su autora intelectual, precisamente Sara Aagesen, es quien tendrá que mejorar ahora la relación con algunas de esas empresas que, a cuenta del impuesto energético y otras cuestiones medioambientales, se ha ido deteriorando en los últimos meses. En especial, por ejemplo, con el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, muy crítico con Ribera en una fricción mutua que ha ido acrecentándose.

Sobre los expedientes que Aagesen se encontrará en la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica, uno de los más importantes será el del inicio de la clausura de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). El proceso, previsto para 2027, tiene que comenzar a tramitarse en las próximas semanas, si el Gobierno quiere llegar a tiempo para lograr este objetivo. Hasta ahora, Ribera ha insistido en que el Ejecutivo tiene la intención de aplicar el calendario de cierres pactado con el sector en el año 2019 y que estimaba la clausura paulatina de los seis reactores en vigor en España (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo) hasta el año 2035, fecha en la que la nuclear ya no existiría en el sistema eléctrico nacional.

Pero a medida que se aproximan las fechas clave para su clausura, surgen voces alertando sobre este cierre de la nuclear y el peligro para el suministro del sistema en un momento como el actual. De cara a la galería, los propietarios de esas centrales (básicamente Iberdrola y Endesa) han insistido en que el calendario pactado se cumple, aunque, al mismo tiempo, deslizan que si las condiciones económicas de las nucleares mejoran, con la reducción de impuestos y tasas fiscales, se podría valorar una decisión diferente de cara al futuro.