PP y Sumar unen sus votos para infligir una doble derrota al PSOE en el Congreso

Los populares, que registraron su propia propuesta de ley del suelo en el Senado a finales de enero y consideran «incompleta» la presentada este martes por los nacionalistas vascos, contribuyeron así a ahondar la división que existe entre el PSOE y Sumar en asuntos clave como la vivienda o la política exterior, solo dos semanas después de que se evidenciara el encontronazo entre Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la tributación para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional. Los magentas, de hecho, mantienen la amenaza de sacar adelante con el PP el cambio legal que promueven para el SMI.

Dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, la relación entre los socios de la coalición atraviesa su peor momento, y este martes se escenificó en forma de cruce de reproches en el hemiciclo. Mientras el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, calificaba la iniciativa para reformar la ley del suelo como un «apoyo a los rentistas», la parlamentaria socialista, Rafaela Romero, afeaba a la bancada de Sumar «no estar a la altura» en una medida que, defendió, «abaratará» el precio del alquiler.

«Basta ya, aquí no se trata de elegir bando, se trata de no abandonar el barco cuando la gente te necesita», zanjó. También votaron en contra otros aliados del bloque de investidura como EH Bildu, Esquerra o Junts. Estos últimos afearon al PNV que haya promovido una medida que, argumentaron, «invade» competencias autonómicas.

Mientras tanto, el PP, cuyo diputado Miguel Ángel Sastre cerró el debate, se regodeó en que el resultado del mismo evidenciara el funcionamiento del Gobierno con «fisuras», dijo, y la «colisión permanente de la coalición». «Ni siquiera contaba con el apoyo de Sumar. No culpen al PP de su fracaso, sino a todos sus socios», señaló el parlamentario.

El PSOE también mostró su desacuerdo con la ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española, es decir, antes del 26 de febrero de 1976, cuando se comunicó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el fin de la presencia española en la zona, y a sus descendientes en primer grado de consanguinidad. Una iniciativa que, según los cálculos del partido magenta beneficiarían a entre 180.000 y 200.000 personas.

El PP se sumó a la reivindicación de «injusticia histórica» que realizaron Podemos, EH Bildu, PNV, ERC y Junts. Su diputado Carmelo Barrio exigió, dirigiéndose a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que el texto que este martes se tomó en consideración se aprobara y no acabase en «el congelador» y que dé salida a una cuestión «que aún está sin resolver».

Pero el PSOE justifica su rechazo en «problemas jurídicos» y cree que este asunto va más allá de los «lazos emocionales» porque se trata de un acto jurídico. Los socialistas no comparten el procedimiento propuesto por su socio de Gobierno, ya que no ven pertinente que una entidad privada como el Frente Polisario, no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para la nacionalidad.

Por ello piden que se conceda la nacionalidad no por carta de naturaleza, sino tras un periodo abreviado de residencia de dos años, como sucede en el caso de los nacidos en países con especial vinculación histórica con España como los latinoamericanos, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial o en el de los descendientes de sefardíes. En septiembre, el PSOE y Sumar ya chocaron por el Sáhara Occidental después de que Interior negara la entrada a 40 solicitantes de asilo saharauis que se encontraban en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y deportara a Marruecos a 16 de ellos.

Los ajustes de cuentas cundieron no solo en el bloque de la investidura. Tras días porfiando con Vox por la adhesión de Santiago Abascal y los suyos al trumpismo, el PP pasó factura a la derecha extrema por la votación vespertina en el Congreso. Fuentes de Génova ironizaron con que si los populares ejercieran "la misma oposición" que los voxistas, absteniéndose en la votación sobre la reforma de la ley del suelo, Sánchez llegaría este miércoles a la sesión de control semanal al Ejecutivo en la Cámara baja "con el texto aprobado".