El PP propone castigar con prisión la convocatoria de referéndums ilegales

El texto del PP, en esencia, pretende rescatar la penalización de estas consultas que ya introdujo en el Código Penal en 2003 el Gobierno de José María Aznar en plena ofensiva del denominado 'Plan Ibarretxe'. Entonces se reformaron tres artículos, que nunca llegaron a utilizarse, porque el Gobierno vasco nunca llegó a convocar un referéndum. Con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las consultas ilegales se despenalizaron.

Los populares piden reintroducir en el Código Penal el artículo 506 bis para penar con entre tres y cinco años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, «careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución».

También proponen castigos de uno a tres años de cárcel e inhabilitación para autoridades o funcionarios, que sin llegar a realizar la convocatoria de esa consulta ilegal, «faciliten, promuevan o aseguren ese proceso». Igualmente, se arriesgarán a entrar en prisión (de seis meses a un año) y a ser multados los «interventores que faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso».

En su exposición de motivos, el texto recuerda que transcurrida más de una década desde la despenalización de la convocatorias de estas consultas, «los acontecimientos recientes de la historia de España» (en clara referencia al 'procés' catalán) hacen evidente que promover consultas ilegales como la del 1-O tiene «suficiente entidad como para merecer un reproche penal».

La intención del Grupo Popular es que esta propuesta se debata en el Pleno del Congreso antes de final de año para que entrara en vigor antes de que en Cataluña pudiera desarrollarse una nueva consulta ilegal. No obstante, con la actual composición parlamentaria los populares son muy conscientes de que será difícil poder sacar adelante esta reforma del Código Penal que afectaría a los mismos tres artículos que fueron retirados hace diez años.

La penalización de los referéndums ilegales forma parte de la misma batería de reformas contra el 'procés' en la que el PP encuadraba la propuesta de prohibir los indultos por rebelión y sedición después de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, hace meses, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el pasado 22 de septiembre, se mostrarán a favor de aplicar esta medida de gracia a los políticos independentistas catalanes, si finalmente son condenados por el Tribunal Supremo.

No obstante, el Grupo Popular ha desgajado la reforma sobre las medidas de gracias ya que a Comisión de Justicia del Congreso finalmente acordó el miércoles convocar para el próximo 9 de octubre la constitución de la ponencia de la reforma de la Ley de Indultos, propiciada por el PSOE, después de que el partido de Pablo Casado amenazara con presentar otro texto centrado en el independentismo catalán para castigar tanto la convocatoria de las consultas como la prohibición de los indultos por los delitos rebelión y sedición.

La proposición del PSOE -que modifica una norma de 1870- ha estado prácticamente paralizada durante más de dos años. Aunque fue registrada en agosto de 2016, diferentes prórrogas ampliaron el plazo de enmiendas hasta el pasado febrero y desde entonces nada se había avanzado.