Policías y guardias civiles califican de «cesión ilegal» el acuerdo entre PSOE y Junts

Rechazan por completo la proposición de ley anunciada para la «delegación» de competencias -según ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros-, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.

En un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha asegurado que «plantarán cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos d'Esquadra». «No se va a ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y voten a quien voten», ha defendido la organización, que considera un «atropello» que se siga la hoja de ruta que marca Junts, ya que, desde su punto de vista, «vulnera todas las leyes en materia de seguridad».

«Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este asunto hasta el final», han explicado desde el SUP.

Unas palabras a las que se han sumado desde el sindicato Justicia Policial (Jupol), que ha denunciado la «cesión ilegal» de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña y ha exigido al mismo tiempo la dimisión de Marlaska, quien no ha comparecido este martes debido a problemas de salud, «si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional». Consideran también que es «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos». «Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», han criticado, al tiempo que han defendido que se trata de un «ataque directo» a la labor que los agentes llevan a cabo y una «rendición vergonzosa ante el separatismo».

Por su parte, desde la Guardia Civil, AUGC ha expuesto que «la seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración». «Recordamos que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político», han añadido desde AUGC, que defiende que la competencia en materia de inmigración «está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil».