El Poder Judicial suspende la actividad judicial en los territorios con focos descontrolados
La medida afecta a la Comunidad de Madrid, País Vasco, Haro e Igualada, salvo las actividades procesales urgentes, y en el resto del país la decisión queda en manos de juzgados y tribunal previa autorización de los TSJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes suspender todas las actuaciones judiciales programadas en la Comunidad de Madrid, País Vasco y ... en los partidos judiciales de Haro (La Rioja) e Igualada (Barcelona) ante la pandemia de coronavirus. En esos territorios, donde también se suspenden los plazos procesales, se garantizarán solamente los servicios esenciales y de guardia.
La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado, además, extender al resto el territorio nacional el llamado «escenario 2», que había definido en su primera instrucción y que permite a los jueces suspender sus vistas por razones sanitarias, previa autorización del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) correspondiente.
En la reunión presidida por Carlos Lesmes se ha diseñado un nuevo escenario, el 3, para los territorios en los que las autoridades adopten medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública adicionales.
En ese escenario, en el que se encuentran en estos momentos la Comunidad de Madrid, el País Vasco y los partidos judiciales de Haro e Igualada, se garantizará «cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable» y la adopción de medidas cautelares y otras decisiones «inaplazables».
Por ejemplo, los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan; el Registro Civil prestará atención en las horas de audiencia para inscripciones perentorias; y se mantendrán las actuaciones con presos o detenidos. Por lo tanto, habrá un servicio garantizado de guardia.
Restricciones sanitarias
El órgano de gobierno de los jueces ha acordado, además, reforzar los trámites del orden contencioso-administrativo para que puedan autorizar o ratificar con agilidad las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como entradas en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.
Las asociaciones de jueces y fiscales, muy críticos con las directrices que hasta ahora había adoptado el Consejo, habían pedido esta mañana la dimisión del presidente Lesmes si no reforzaba las medidas y establecía un criterio común para todo el país, al considerar que las instrucciones ofrecidas hasta el momento generaban «caos».
De las siete asociaciones, solo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha suscrito su propio comunicado, el que exigía al Consejo «la inmediata suspensión de todos los señalamientos no urgentes». Ayer, solo en la Comunidad de Madrid, 430 juzgados y tribunales de los 540 existentes notificaron la suspensión de las actuaciones previstas.
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