El 'caso Pegasus' se convierte en un bumerán para el Gobierno

Pero no ha sido así. Aunque el ruido de la polémica ha bajado decibelios, la situación se ha ido embarrando en una mezcla de lodazales de muy diversa naturaleza: la calma no ha vuelto ni al CNI ni a Esquerra Republicana, que ha puesto en cuarentena sus pactos con Sánchez; la instrucción judicial sobre la intrusión en los terminales del presidente y de los ministros Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, con la citación como testigo del titular de Presidencia, Félix Bolaños, no está discurriendo precisamente por los derroteros que esperaba el Ejecutivo.

Y, a falta de avances en la investigación, crecen las especulaciones sobre qué información salió de los móviles gubernamentales y en qué manos acabaron aquellos datos. Un interrogante ya de por sí muy sensible que se ha reavivado estos últimos días a raíz del desencuentro diplomático con Argelia.

La sombra de la sospecha de que Marruecos está detrás del espionaje con el sistema de la compañía israelí NSO, en plena crisis bilateral con el país alauita en 2021, no se disipa. Los indicios de que el régimen de Mohamed VI, ahora aliado de nuevo tras el viraje histórico en la posición española sobre el Sáhara Occidental, utilizó sus servicios secretos se asientan en base a varios elementos, aunque otra cosa es identificar a sus autores.

Así las cosas, y un mes después de la salida forzada de Paz Esteban del CNI, Pegasus lleva camino de convertirse en un bumerán para la Moncloa. Y eso a pesar de que hace solo cinco semanas el Ejecutivo creyó que podía suturar la quiebra con el independentismo catalán presentándose también como víctima del espionaje con el 'malware' israelí al reconocer públicamente que los terminales de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska fueron 'hackeados'.

A pesar de que España se convirtió el 2 de mayo en el primer y único Gobierno del mundo en reconocer su debilidad al haber sido infectado con Pegasus, la admisión con luz y taquígrafos de semejante falla en la seguridad no le ha servido para que sus socios de ERC vuelvan a la senda del pacto. Es más, la situación se ha complicado todavía más en las últimas semanas. La comparecencia el 5 de mayo de Esteban en la comisión de secretos oficiales -en la que reconoció que el CNI espió con Pegasus a 18 independentistas, incluido al presidente Pere Aragonès- acabó dando aire al incendio político.

La admisión de Esteban de que el CNI 'hackeó' el teléfono del actual jefe del Ejecutivo autonómico cogió por sorpresa a Moncloa e irritó sobremanera a una cúpula de los servicios secretos, que todavía hoy no entiende el porqué de tanta transparencia.

En el CNI esperan todavía una «limpia» por parte de la recién llegada Esperanza Casteleiro, que por el momento apenas ha movido ficha. La única conocida ha sido la destitución de Sonia Sánchez Mula como directora de comunicación de los servicios secretos. Sánchez Mula, que había llegado al CNI a finales de 2018 de la mano de Félix Sanz Roldán, fue la jefa de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría en la Vicepresidencia del Gobierno.

Casteleiro ha encargado, además, varios estudios para analizar las vulnerabilidades de los sistemas de comunicación del Ejecutivo y proponer mejoras técnicas. Y en el CNI temen que una vez acaben esos análisis puedan empezar a rodar cabezas entre los técnicos del Centro Critptológico Nacional (CCN), el corazón técnico de los servicios secretos y al que Moncloa señaló como responsable de la falla de seguridad.

Las acusaciones contra el CCN siguen levantando ampollas semanas después por todos los departamentos del CNI, pero lejos de haber quitado presión al Moncloa, pueden acabar poniendo en apuros al propio Gobierno. A ello apunta la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como testigo el 5 de julio a Félix Bolaños. La intención del magistrado que investiga el espionaje es conocer la responsabilidad de Moncloa en la protección de estos móviles.

Los documentos en poder de Calama certifican que Bolaños, como secretario general de la Presidencia -puesto al que llegó en junio de 2018 y abandonó en julio de 2021, justo un mes después de que concluyeran las intervenciones ilegales en los 'smartphones'-, era el último responsable del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica que, a su vez, incluye una Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UTIC). Es decir, la encargada de velar por la protección del móvil del presidente.

En el CNI, y a la espera aún de los pasos que pueda dar Casteleiro, lo único que tienen claro es que al 'caso Pegasus' le queda todavía «mucho vuelo». Y que la «inédita» decisión del Gobierno hacer público el espionaje de sus móviles y luego judicializar el caso puede acabar siendo un «arma de doble filo». La investigación judicial sigue su curso.