El momento de Sánchez

La decisión de poner fin a este periodo de interinidad, en que el grupo parlamentario del Gobierno ha contado sólo con 85 diputados y la estabilidad se ha mantenido en manos de un heterogéneo conglomerado que incluye a los soberanistas catalanes, se adoptó al parecer a finales de la pasada semana, cuando el Ejecutivo decidió romper la baraja en la negociación con Cataluña ante la obstinada persistencia de la Generalitat y los partidos independentistas en no abdicar del derecho de autodeterminación como condición previa y fundamental de sus demandas. Es obvio que ningún gobierno del Estado puede aceptar que este dislate, que puede admitirse como desiderátum utópico, se convierta en la llave del resto de la negociación.

La manifestación de las tres derechas del pasado domingo, que no colmó las expectativas de los convocantes pero polarizó las posiciones, se celebraba, pues, cuando ya estaba prácticamente sentenciada la legislatura. El encontronazo de la vicepresidenta Calvo con Artadi y Aragonés, representantes de las dos ramas del nacionalismo catalán, presagiaba que los soberanistas tumbarían los Presupuestos Generales del Estado y, al estallar en pedazos la precaria mayoría de la moción de censura, el Gobierno quedaba ya inerme, sin poder continuar avanzando de reforma en reforma a través del decreto ley como hasta ahora. La disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones era la única salida razonable.

Así las cosas, los estrategas socialistas han creído conveniente celebrar las elecciones generales cuanto antes (no sin debatir internamente con un sector que prefería aplazarlas al otoño), porque a su juicio el momento es malo para los conservadores: está fresca la fotografía comprometedora de las tres derechas, Vox incluido, en la manifestación del domingo, y las encuestas sugieren que Ciudadanos podría haber logrado el sorpasso con respecto al PP, lo que abriría una grave crisis en este partido. De cualquier modo, el proceso de descomposición en que se halla sumido Podemos deja al PSOE muy desvalido en su hemisferio ideológico.

Según el artículo 68.6 de la Constitución, las elecciones han de celebrarse entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato y la LOREG marca el plazo de 54 días entre la publicación del decreto de convocatoria y la jornada electoral; en este caso, para celebrarlas el 28 de abril el decreto de disolución ha de publicarse el 5 de marzo. Habría habido tiempo de convocarlas el 14 de abril, pero, al margen del simbolismo republicano de la fecha –no es tiempo de agitar fantasmas-, es Domingo de Ramos y arranque de las vacaciones de Semana Santa. Y la hipótesis lógica de celebrar las elecciones generales en mayo al mismo tiempo que las europeas, autonómicas y municipales ha tropezado con la cerrada negativa de las autonomías, que no quieren que los electores mezclen lealtades. Así pues, la fecha del 28-A se ha abierto camino definitivamente. Como ya dijeron varios parlamentarios la derrota de los PGE, estamos de hecho en plena campaña electoral. Cabría implorar quizá a los partidos algunas dosis de sensatez en la gestión de este envite, de forma que no se agrave la ya muy evidente y generalizada irritación de la opinión pública cada vez que sospecha que los intereses de los políticos se anteponen al interés general.