La ministra de Sanidad avisa a Ayuso sobre el registro de objetores al aborto: «La ley se cumple y punto»
Mónica García insiste en que el Gobierno usará «todas las herramientas a su alcance», lo que en último extremo implicaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución
El Gobierno no dejará pasar la oportunidad que este lunes le brindó Isabel Díaz Ayuso para seguir presionando al PP con un asunto, el ... aborto, en el que se siente muy cómodo y cree tener todas las de ganar. Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondiera con displicencia al requerimiento del jefe del Ejecutivo para que - no solo ella, sino también los gobiernos de Aragón, Asturias y Baleares- lo pongan en marcha a la mayor «celeridad» el registro de profesionales sanitarios objetores recogido en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ministra de Sanidad, Mónica García, le advirtió desde Moncloa de que tendrá que claudicar. "La ley se cumple y punto", advirtió.
De las cuatro comunidades requeridas, tres aseguraron ya el lunes que cumplirían con la norma y, en algunos casos, incluso, que ya preparan el decreto para implementar esos listados, que son de acceso restringido para la Administración y tienen una función meramente organizativa. Ayuso, sin embargo, replicó que se tomaría su tiempo para responder a Pedro Sánchez y arguyó que, en cualquier caso, lo que no se puede hacer es «estigmatizar» ni a quienes practican abortos ni a quienes no lo hacen; algo que ya se explicita en la legislación que regula al asunto y que ya se abordó y acordó por unanimidad el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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García echó en cara a la presidenta madrileña que, tras ese acuerdo, ahora se muestre titubeante y diga que ya verá lo que responde a Sánchez y se mostró tajante. «Nosotros ya le damos la respuesta: la ley en nuestro país se cumple y vamos a usar todas las herramientas administrativas o jurídicas para que sea así», insistió.
Esa advertencia ya la hizo el propio en el escrito formal enviado la víspera. De momento, el Ejecutivo no plantea llegar tan lejos, pero en último extremo, si el incumplimiento de la ley persiste tras varios requerimientos, sería de aplicación del articulo 155 de la Constitución, que implica la intervención de la autonomía.
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