Manos Limpias denuncia a Corredor por presunta imprudencia grave en el apagón

En los cuatro folios del escrito, la organización dirigida por Miguel Bernad asegura que Corredor tiene la obligación de responder penalmente más allá de su «culpabilidad in vigilando» desde la presidencia de REE por las graves consecuencias sociales y económicas del apagón. Asegura que su comportamiento se enmarcaría inicialmente en delitos contra salud pública, estragos, lesiones y daños, además de homicidio imprudente por el fallecimiento «constatado» de cinco personas por estos hechos.

El relato de hechos de Manos Limpias, organización que se caracteriza por el registro de denuncias y querellas a golpe de informaciones periodísticas o aprovechando incidentes de gran relevancia mediática, expone que el pasado lunes, aproximadamente a las 12:20 horas, se produjo una caída del suministro eléctrico «en toda España, incluido Portugal». Ante esta inédita situación, considera que se evidenció la «inexistencia de un protocolo para dar respuesta» a una emergencia como la que se vivió durante más de nueve horas.

A Corredor la considera responsable de todos los «daños personales y materiales» generados por el corte de energía y de sus consecuencias económicas: pérdidas económicas por encima de 1.600 millones de euros, lo que representa un 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. También de «las crisis de ansiedad de la población, ya que decenas de personas atrapadas en trenes, metros y ascensores, además de las citaciones hospitalarias». Miles de ciudadanos se quedaron, destaca Manos Limpias, «tirados como perros». No se olvida, por otro lado, de «los daños al sector agrícola, industria, servicios (hostelería y turismo), comercio y alimentación».

El pseudosindicato de funcionarios se apoya en el Real Decreto (91/1985 de 23 enero) con el que se constituyó la Sociedad Estatal Red Eléctrica de España para recordar que entre «las funciones y atribuciones» de la empresa y su presidenta figura en las de dar a nuestro país una «garantía de seguridad y calidad del servicio», «determinar y controlar el nivel de garantía nacional en el sistema eléctrico nacional», la «reposición del servicio» y «la responsabilidad del funcionamiento».

También en la advertencia de que, asegura, trasladaron los técnicos de la Red Pública Española y expertos en la materia en 2020 de que «podría producirse una catástrofe de estas dimensiones», así como en un informe del Consejo de Europa, del mismo año, que fijó que el ratio de interconexión para el sistema eléctrico español «debía alcanzar el 10% y únicamente tenía establecido el 6%».