Lenguas cooficiales: ¿mérito o requisito?

La exigencia del idioma cooficial varía generalmente según la labor que se desempeña Es el sector donde se exige mayor conocimiento y más se impulsa la inmersión La queja general es que un doctor no necesita manejar el vasco, gallego o catalán para curar una enfermedad

El gallego es un requisito para el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública, según establece en la Ley de Función Pública de Galicia. El grado de conocimiento, sin embargo, varía según el puesto al que se opte. En cualquier caso, el nivel que se requiere no suele ser un problema para acceder a un empleo público, incluso en la enseñanza. «Está en nuestra cultura, aquí uno puede preguntar en gallego y el otro responder en castellano con absoluta normalidad», resume un afiliado al sindicato CSIF que destaca la absoluta normalidad en la que conviven gallego y castellano.

En el País Vasco conocer el euskera es mérito o requisito en función de las plazas. En la administración hay puestos de trabajo en los que es obligatorio conocer ambas lenguas y otros en los que no. Cada plaza tiene un perfil lingüístico adscrito con una fecha de preceptividad. A partir de ese momento, quien la ocupe debe alcanzar obligatoriamente el nivel requerido, sea un trabajador que tiene la plaza desde hace tiempo o sea un funcionario que llega al puesto. El perfil que se establezca depende de varios criterios, entre los que destaca las exigencias comunicativas inherentes al puesto de trabajo. En los casos donde no es obligatorio acreditar el conocimiento del euskera sí que tiene un gran peso como mérito en las oposiciones, tanto que, a mediados de 2016, diversos partidos llevaron al Parlamento vasco la necesidad de rebajarlo, porque, por ejemplo, puntúa más que tener un doctorado o que haber realizado la residencia MIR. La propuesta no salió adelante.

Saber euskera valdrá más que tener el MIR para trabajar como médico en Navarra. Esa es la queja del sindicato médico al decreto foral por el que se regula el uso de esta lengua en las administraciones públicas, que aprobó el pasado noviembre el Ejecutivo presidido por Uxue Barkos.

Una norma que no ha sido bien acogida por los sindicatos ni por el propio Consejo de Navarra, que emitió un dictamen (no vinculante) sobre este decreto en el que advertía que la normativa no se ajusta a la realidad sociolingüística de la comunidad foral y que su puesta en marcha conllevaría «la aplicación de criterios discriminatorios» en el acceso a la función pública que no se corresponden con los principios de «racionalidad y proporcionalidad». Actualmente, hay ya cerca de 2.900 puestos en la administración foral (el 10,8%) en los que el euskera es preceptivo, la mayor parte personal docente.

La ley foral del euskera divide Navarra en tres zonas lingüísticas distintas: la zona vascófona, la zona mixta y la zona no vascófona. Sólo en la primera la lengua tiene el carácter de cooficial junto con el castellano, si bien en las otras dos se reconoce a los ciudadanos el derecho a dirigirse en euskera a las administraciones públicas.

Que los funcionarios conozcan la lengua cooficial es requisito imprescindible en Cataluña. Según la normativa vigente, para acceder a un empleo público en la Generalitat, entes locales, comarcales o diputaciones es necesario acreditar un nivel del catalán que depende de cada puesto. Aunque los funcionarios ya no están obligados a usarlo en su ejercicio profesional. Así lo dictaminó en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una sentencia en la que anuló la obligatoriedad de utilizar la lengua catalana en las conversaciones presenciales, por teléfono, reuniones de trabajo o megafonía e incluso en la atención a los usuarios, por considerar que iba en contra de la libertad de expresión.

A día de hoy el conocimiento del valenciano para trabajar en la administración autonómica es un mérito y solo se considera un requisito en educación y para los funcionarios que trabajan de cara al ciudadano. Pero esta situación cambiará si sale adelante la nueva Ley del la Función Pública que prepara el Gobierno de PSPV y Compromís. El borrador de la norma, cuya tramitación está de momento parada por la oposición de los sindicatos, establece como requisito de acceso al empleo público «acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes». El tema lingüístico deberá ser desarrollado en un reglamento posterior, aunque todo apunta a que el conocimiento del valenciano se convertiría en una exigencia tras un periodo de transición de dos años. También a que se evitará la polémica de Baleares al dejar fuera a los profesionales de la sanidad. En educación, por contra, la inmersión sería total.

El Gobierno del socialista Francesc Antich convirtió el catalán en un requisito para los empleados públicos. Después llegó a la presidencia regional el popular José Ramón Bauzá, que lo devolvió a simple mérito y, ahora, con el Ejecutivo de la también socialista Francina Armengol y los nacionalistas de Mes vuelve a ser requisito. Estos vaivenes se han ido aceptando hasta que le ha llegado el turno a la sanidad, un asunto especialmente espinoso en una comunidad que importa médicos del resto de España y en el que el conocimiento del catalán se puede sumar a la traba que supone el alto precio la vivienda.