Ana Julia Quezada, culpable del asesinato con alevosía de Gabriel

Por primera vez en las ocho sesiones de juicio, Ana Julia Quezada se mostró imperturbable mientras el jurado relataba que dio muerte al pequeño, de ocho años, por asfixia mecánica. El tribunal dio por valido que Quezada llevó al niño a la finca familiar de Rodalquilar (Almería) y, «de forma intencionada, súbita y repentina, le lanzó contra el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos, a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento».

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Quezada, como apuntó la fiscal, «lo tuvo todo de cara» y aprovechó las circunstancias, de ahí que se le incluyan las agravantes de alevosía por parentesco. Pertenecía al círculo familiar del pequeño, convivía con él varios días a la semana y incluso quien le atendía. Además, se lo llevó a un lugar apartado y solitario, y aprovechó su superioridad física y el factor sorpresa a la hora de atacar al menor.

El jurado, que se opuso a la concesión de un posible indulto, rechazó de plano su versión de que Gabriel le insultó y ella sufrió un ataque de ira. Los psicólogos, justificaron, dijeron que «Gabriel era un niño educado y, en cualquier caso, esas palabras no serían motivo de una agresión», zanjaron. De la misma manera, descartaron que hubiera ensañamiento y el menor quedara agonizando tras una paliza, según apuntaba el informe médico aportado por la familia. Para el jurado, prevaleció la autopsia realizada por los forenses del Instituto de Medicina Legal, que entendieron las contusiones del cuerpo como fruto del propio forcejeo.

El jurado también consideró probado que la actuación de Quezada en los días posteriores a la desaparición de Gabriel produjo lesiones psíquicas y un daño irreparable a los padres, a los que no solo tuvo intención de hacer sufrir, sino también humillar y vejar, llegando a hablar de «odio» hacia Patricia Ramírez. Resaltaron incluso la «especial maldad» de Ana Julia y su «perversidad». Los argumentos: enterrar al menor en la finca familiar, ocultar la ropa que le quitó en el armario de la casa que compartía con el padre de Gabriel o los intentos por desviar las sospechas hacia su expareja. También el fingimiento al alentarles, o que luciera camisetas con el rostro del niño impreso cuando era ella misma la que había acabado con su vida. Por el contrario, no queda probado que Quezada actuara bajo los efectos de los tranquilizantes, o que confesara lo ocurrido, algo que solo se produjo tras su detención.

Tras la lectura del veredicto, tanto fiscalía como acusación particular reclamaron para Quezada la pena máxima, la prisión permanente revisable, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con los padres durante 30 años. Asimismo, la fiscala solicitó por las lesiones psíquicas cinco años y nueve meses de prisión y una indemnización de 600.000 euros para ambos padres, además de otros 170.000 euros en concepto de reparación del daño moral causado, y 160.000 euros para la abuela. A ello se sumarían los 200.203 euros que costó el dispositivo de búsqueda, aunque la defensa dejó claro que Quezada es insolvente. La acusación particular eleva estas penas a seis años por las lesiones psíquicas y otros 4 años por el daño moral, además de una indemnización de 500.000 euros para los padres.