La jueza desoye a la prisión y niega la salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco

Una de sus internas más conocidas es Triana Martínez, condenada a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco, la dirigente provincial del PP que presidía la Diputación de León. Un plan criminal ejecutado por la madre, Montserrat González, castigada a 22 años de reclusión, que tuvo lugar en mayo de 2014 y que causó una gran conmoción en la opinión pública y en la clase política nacional. La tercera condenada a 14 años como encubridora fue la policía local de León Raquel Gago, que ya está en tercer grado (semilibertad) desde septiembre de 2023.

Cerca de 11 años después del asesinato, y pese a que ya ha transcurrido más de la mitad de la pena en el caso de Triana, la jueza mantiene inalterable su negativa sobre la concesión de permisos de salida a esta interna (los clasificados en segundo grado tienen derecho a 36 días al año). Ello pese a que la Junta de Tratamiento de Villabona, compuesta por profesionales del centro que tratan a diario con los presos, ha acordado por unanimidad hasta en 14 ocasiones desde noviembre de 2022 hasta la semana pasada que sí está en condiciones de salir.

Sin embargo, el juzgado ha denegado todas las solicitudes. Una decisión manifiestamente «arbitraria» para su defensa, ejercida por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, que se explica en la decisión de la magistrada de que fueran dos profesionales de su confianza los que elaborasen un informe alternativo a los múltiples del grupo multidisciplinar de la prisión. Y el hecho, además, de que negase la posibilidad de que la defensa pudiera interrogar a estas dos expertas que, en una única sesión, también decidieron sobre el caso de Triana.

Aunque no afecta directamente a la concesión de los permisos, el juzgado que debe velar por los beneficios de los reclusos tampoco ha puesto en valor la carta pública de perdón «por el dolor causado» a la familia de Isabel Carrasco, difundida en diciembre pasado y adelantada por este periódico. Una misiva de arrepentimiento «sincero y pleno» firmada por Triana y su madre que llegó una década después del crimen, y la promesa de que su comportamiento futuro «nunca jamás será doloroso» para los allegados de la víctima. A esto se suma el abono ya de las responsabilidades civiles derivadas de la sentencia firme: 150.000 euros.

Estos escritos llegaron diez años y siete meses después de entrar en prisión tras ser detenidas la misma tarde del asesinato en León: el 12 de mayo de 2014. Una década larga de reclusión que ambas han pasado en tres centros penitenciarios diferentes, compartiendo celda y donde acumularon al comienzo bastantes sanciones por mal comportamiento. En este periodo solo han podido dejar la trena para asistir al funeral del marido y padre de la familia, el inspector de la Policía Nacional Pablo Martínez, fallecido a causa del coronavirus en noviembre de 2020.

Por todo ello, la defensa de Triana -en el caso de Montserrat no hay unanimidad en la prisión con los permisos- ha pedido la recusación de la jueza María Elvira Gutiérrez por su apariencia de «parcialidad». Un incidente que incluye la práctica de varias diligencias: el examen de los 14 permisos denegados desde hace dos años y medio o conocer cuántos internos de Villabona han vivido una situación similar que haya requerido un informe alternativo al de los empleados del centro, de quien la magistrada desconfía en este caso.

«Existe un uso con Triana Martínez del denominado derecho penal de autor. Supone que por ser quién es, el delito por el que fue condenada, otras circunstancias que 'se nos escapan' y otros motivos 'buscados' por la jueza se le deniega de forma sistemática sus salidas», concluye el abogado en su escrito.