El juez mantiene preso a Cerdán pero adelanta su excarcelación antes de fin de año

Puente, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, explica que no cabe la puesta en libertad de quien hasta hace solo unas semanas era la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE porque «persiste» el «riesgo de ocultación o destrucción de pruebas», al margen de que, destaca el juez, los «indicios» que le incriminan en la «comisión de delitos graves» siguen afianzándose conforme avanza la investigación.

Pero no todo son malas noticias para Cerdán. El instructor, aunque afirma que quedan muchos aspectos por esclarecer y numerosos puntos en los que podría interferir el encausado si éste estuviera en libertad, avisa que, visto el ritmo de las pesquisas, «previsiblemente no será necesario agotar» el plazo máximo de seis meses que prevé la ley para la prisión preventiva, antes de pedir ninguna prórroga. Estos cálculos del propio Puente, de cumplirse, supondría que el exdiputado navarro podría volver a casa por Navidades.

En esa línea, el auto da la razón a la defensa de Cerdán en el argumento de que cuando la prisión provisional es acordada «con la legítima finalidad de conjurar el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento», ésta «no podrá mantenerse por más tiempo del preciso para satisfacer dicho propósito y, en todo caso, no se prolongará por tiempo superior a seis meses».

Puente -que recuerda que no ha agotado ese plazo máximo y, desde luego, no tiene en mente prorrogarlo- insiste en que «en este momento persiste el riesgo de destrucción de pruebas» con el imputado en libertad. «Lo cierto es que las investigaciones acerca de la precisa situación patrimonial de Cerdán no han concluido», revela el instructor, quien recuerda que ha habido retrasos en esas indagaciones debido a «determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios».

Otro de los puntos oscuros que el juez espera aclarar antes de dar orden de excarcelar a Santos Cerdán son los «eventuales vínculos económico» con la sociedad Servinabar 2000, la empresa del también imputado Antxon Alonso, supuesta beneficiaria de contratos de obra pública por parte de la trama corrupta y que, según los documentos encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, era propiedad en secreto al 45% del exdirigente socialista. Aclarar el papel de Servinabar en todo este entramado, revela el juez, está necesitando de «complejos análisis documentales» que podrían «alterarse» si Cerdán recupera la libertad.

Agrega Puente que «ese mismo riesgo» de que desaparezcan indicios existe, «más acusadamente, con respecto a las posibles relaciones económicas y/o personales que Cerdán y Servinabar 2000 pudieran mantener o haber mantenido con personas concretas que vinieran actuando en nombre de Acciona», la gran constructora señalada por el amaño de obra pública en la trama Cerdán-Ábalos-Koldo . «En el esclarecimiento de estos hechos se trabaja arduamente y avanza la investigación en las indicadas direcciones, pero aún no ha concluido, siquiera en sus aspectos esenciales», lamenta el juez del Supremo.

Más allá de la destrucción de pruebas, el juez también considera que persisten «los motivos más que bastantes» para considerar que Cerdán cometió delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Recuerda que en los audios descubiertos a Koldo el propio exdirigente socialista «vendría a reconocer de forma ciertamente explícita no solo el cobro de comisiones vinculadas a la adjudicación de determinadas obras públicas (...) sino también haber satisfecho parte de las mismas a otros investigados, así como expresando el compromiso de reclamar para ellos ciertas cantidades todavía pendientes de cobro».