El juez imputa a la exdirectora del CNI por el espionaje con Pegasus a Aragonès

El instructor, según ha adelantado el Diario.es y ha confirmado este periódico, ha citado a declarar el 13 de diciembre como investigada a la ex máxima responsable de los servicios secretos españoles después de aceptar todas las diligencias propuestas por el letrado del president, Andreu Van den Eynde, para esclarecer lo que el abogado denomina «espionaje político» al que, a juicio de Aragonès, fue sometido por el CNI con la ayuda del malware israelí Pegasus. Ese mismo día 13 de diciembre el presidente catalán está llamado a declarar como perjudicado en esta causa.

Esteban fue la responsable política que dio la orden de espiar a 18 miembros del independentismo en 2019 y 2020, a raíz de los disturbios por la sentencia del procés y en pleno auge de Tsunamic Democràtic. En mayo del pasado año, y solo pocos días después de que ella misma reconociera ante la comisión de secretos oficiales del Congreso la interceptación de esas comunicaciones con el visto bueno del Supremo, Pedro Sánchez ordenó su cese inmediato, tal y como le exigían desde ERC, que entonces era uno de los apoyos parlamentarios claves para el PSOE.

Ahora, quince meses después, la decisión del juez barcelonés de imputar a la exdirectora del CNI vuelve a cruzarse en la política, ya que se produce en plenas negociaciones de Sánchez con los independentistas catalanes para su investidura y en la que los votos de los diputados de los republicanos, como los de Junts, son imprescindibles para que el líder del PSOE continúe en Moncloa.

Aragonès, según descubrió la plataforma Citizen Lab, fue espiado en enero de 2020, cuando el dirigente republicano participaba -entonces también- en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez tras la repetición de las Elecciones Generales de noviembre de 2019.

Entre la multitud de diligencias ordenadas por el magistrado tras admitir a trámite la denuncia de Aragonès destacada el exhorto al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez encargado de controlar el trabajo del CNI, para que certifique si avaló el uso del software espía, tal y como aseguró en el Congreso la ahora imputada. En el caso afirmativo, el juez pide al magistrado del Supremo que le remita los autos en los que justificó la interceptación de comunicaciones al entonces vicepresidente de la Generalitat.

Detrás de las peticiones de explicaciones a Murillo de la Cueva está la intención de la defensa de Aragonès de pedir también la imputación del magistrado del Supremo por prevaricación porque, a su juicio, «no puede existir ninguna justificación para la utilización de un 'software' de monitorización absoluta».

Además de las diligencias al Supremo, el juez, que ha pedido al Gobierno la «pertinente desclasificación», reclama al CNI que le desvele si tiene en su arsenal Pegasus o cualquier otro producto similar al de NSO Group; los funcionarios y responsables que participaron en ese operativo; y los datos del espionaje que se conserven. El magistrado también solicita que el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado le aporten documentos contables sobre si el CNI pagó por Pegasus a NSO u otros productos de interceptación masiva de comunicaciones.

El titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona accede a la práctica totalidad de las peticiones de la defensa de Aragonés, después de afirmar en su auto que la «intromisión no autorizada en equipos informáticos», la «interceptación ilegal» de las comunicaciones de Aragonès y su eventual «espionaje» mediante la adquisición del programa Pegasus podría constituir varios delitos de revelación de secretos así como un delito contra los derechos fundamentales.

En la actualidad hay procedimientos en media docena de juzgados por el espionaje con Pegasus tras la denuncia de Citizen Lab de que hasta 59 políticos catalanes y vascos habían sido víctimas del malware. Sin embargo, nunca ante un había tomado la decisión de imputar a la exjefa de los servicios secretos.

Todos esos procedimientos, en realidad, están desde hace tiempo en vía muerta. De hecho, el pasado julio el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la infección con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El magistrado decidió el archivo ante la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel, que no contestó ninguna comisión rogatoria de las enviadas por la Audiencia Nacional sobre NSO Group y que acabó frustrado la continuación de la investigación. A pesar de esta negativa rotunda a colaborar de Israel y de la empresa matriz de Pegasus, el magistrado barcelonés insiste en reclamar a NSO todo tipo de información.

El juez que ha imputado a Esteban es conocido por otras decisiones judiciales polémicas. En noviembre de 2022 accedió a la petición de la Generalitat (por orden directa del president Pere Aragonès) de investigar al exlíder del PP Pablo Casado por injurias, calumnias y un delito de odio después de que éste asegurara que había «profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano».