Un juez de Girona cita a 23 policías nacionales por las cargas del 1-O

El juzgado ha abierto una causa judicial tras la denuncia de 200 víctimas y la querella que presentaron tres ayuntamientos: el de Girona, el de Sant Julià de Ramis y el de Aiguablava, todos ellos en la provincia de Girona. Los investigados están imputados por los delitos de torturas, lesiones y daños causados por su intervención en cinco centros de votación en la capital gerundense para intentar requisar las urnas y evitar la celebración del referéndum.

Miembros del colectivo de abogados Dret a Defensa de Girona dieron este viernes a conocer el auto judicial y señalaron que no ha sido citado ningún agente de la Guardia Civil, porque no pudieron ser identificados al no llevar su número personal acreditativo.

La Guardia Civil actuó en Sant Julià de Ramis, donde tenía previsto votar Carles Puigdemont, pero no lo hizo porque la operación policial lo evitó. El expresidente acabó votando en otra localidad (Cornellà de Terri), tras una huida de película. Los abogados del colectivo Dret a Defensa criticaron también a la Fiscalía, quien a su juicio está maniobrando para eludir las imputaciones de policías. En un año y medio no ha abierto ninguna diligencia para tratar de esclarecer los hechos del 1-O, según los letrados de las personas que resultaron heridas en Girona.

En las denuncias, una de las víctimas acusa a uno de los policías de agredirle con golpes en el estómago mientras le agarraba del cuello y le profería insultos por su condición de catalán. Otro de los heridos denuncia agresiones violentas a todas las personas que estaban concentradas velando por las urnas, con porrazos, puñetazos y patadas.

Además, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona están siendo investigados 41 policías por su actuación en diferentes colegios de la capital catalana.

Mientras, 15 de los 30 acusados por su implicación en la organización del 1-O, entre los que se encuentran altos cargos de segundo nivel del anterior Gobierno catalán, se personaron este viernes en el juzgado 13 de Barcelona, donde recibieron su notificación como procesados por los delitos de malversación y desobediencia.