Un juez de la Audiencia Nacional investiga el apagón como un delito de terrorismo

En un auto, el magistrado ha acordado como primeras diligencias requerir al Centro Cristológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI, y a Red Eléctrica Corporación S.A. la elaboración de sendos informes para que, «en un plazo improrrogable de diez días», indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía para que, también en ese mismo plazo, presente un análisis preliminar sobre los hechos acontecidos.

El juez explica que el incidente ocurrió ayer sobre las 12:30 de la mañana y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transportes, lo que ha supuesto «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos».

La resolución recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% del total, siendo «algo que no había ocurrido jamás». El juez indica que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles».

Por lo tanto, resulta necesaria, según el juez, la apertura de una investigación porque los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo «cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales».

El instructor examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.

Calama explica que la sociedad "se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general". Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en este lunes.

Este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, añade el juez, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población. Por ello, ya en el año 2004, el Consejo de la Unión Europa aprobó el programa de protección de infraestructuras críticas, que daría lugar a una directiva sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.

Es nuestro país, por su parte, esta necesidad fue atendida mediante el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, de mayo de 2007, con la elaboración de un primer Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas y la aprobación de un Acuerdo sobre Protección de Infraestructuras Críticas. Resultado de lo anterior, se identifican 18 áreas que necesitan del desarrollo de un Plan Estratégico Sectorial, entra las que se encuentra la electricidad.

Un bien fundamental que se enfrenta a "nuevos riesgos, generados, en gran medida, por la globalización, y entre los que se cuentan el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y el crimen organizado". El informe sobre ciberamenazas y tendencias de 2017 del CNI afirmaba que "el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros". Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que en 2016 ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica. Un ataque que señaló directamente a Rusia.