La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno
La querella por el robo de datos con Pegasus se dirige contra Félix Azón y María Gámez, exmáximos responsables del cuerpo con Marlaska al frente de Interior
La justicia pone por primera vez en su punto de mira al Ministerio del Interior, y no solo al CNI, por el espionaje al independentismo ... catalán durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez. La jueza barcelonesa Miriam de Rosa Palacio ha admitido a trámite una querella presentada por cinco afectados del robo de datos con los software Pegasus y Candiru ( entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala) contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y contra María Gámez, quien ocupó el mismo cargo hasta 2023.
Ambos fueron nombrados y cesados por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior también durante los meses en que supuestamente tuvieron lugar los episodios denunciados, cuando presuntamente la Guardia Civil hizo uso de Pegasus para espiar a personas vinculadas a Tsunami Democràtic, la plataforma que estuvo detrás de los graves disturbios de orden de público en Cataluña en otoño de 2019 a raíz de la publicación de la sentencia del procés en la que fueron condenados a penas de prisión los principales líderes de la intentona secesionista de octubre de 2017.
La demanda por delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos también se dirige contra Paz Esteban, quien dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta que fue fulminada en mayo de 2022 precisamente por el escándalo del espionaje a los independentista y que ya está imputada por estos mismos hechos en otras cuatro causas. La acción judicial igualmente es contra responsables de la empresa israelí NSO que comercializa el malware Pegasus (Shalev Hulio y Omri Lavie) y de Saito Tech (Isaac Zack).
Los querellantes y presuntamente espiados que firman esta demanda presentada el pasado 30 de abril, además de Matamala, son los empresarios tecnológicos del colectivo Sentinel Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.
La demanda ahora aceptada por primera vez reclama que se investigue el uso de Candiru, un software muy parecido a Pegasus y del que el Gobierno español jamás ha admitido su adquisición, aunque en diversos informes forenses aparece su rastro en las infecciones de teléfonos vinculados a militantes de Tsunami.
Ahora, tras la aceptación de la demanda la juez debe decidir si acepta las diligencias que han solicitado los querellantes, empezando por la petición de que se desclasifique toda la documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru, incluyendo las autorizaciones judiciales, costes e informes que se generaron de aquellas operaciones.
Imputaciones y periciales
Igualmente, entre las primeras diligencias reclamadas por los querellantes están las imputaciones de Azón, Gámez y los directivos de NSO y de Saito para ser llamados a declarar como investigados.
También han solicitado pruebas periciales de los Mossos d'Esquadra sobre los móviles de los querellantes para certificar las infecciones de los dispositivos o la declaración de los expertos de Citizen Lab y Amnistía Internacional que documentaron inicialmente el caso Catalangate sobre el espionaje al independentismo durante los disturbios de 2019.
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