Interior tiene tres alternativas a las concertinas de Ceuta y Melilla

En una comparecencia en el Senado, el ministro del Interior ha explicado las líneas generales de su departamento, entre las que ha detallado las políticas impulsadas en materia de inmigración en poco más de 100 días en el Gobierno.

Grande-Marlaska ha aseverado que el informe que encargó para analizar el cambio de las concertinas «está absolutamente avanzado» y contempla «tres posibilidades» sobre las que el Ministerios deberá «decidir cual es la más oportuna». Según ha incidido, ofrecen una «seguridad superior a la actual» o, al menos, el mismo nivel.

El ministro ya avanzó su intención de suprimirlas por un mecanismo «menos cruento». Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron coronando las vallas fronteriza de Ceuta y Melilla en el año 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque dos años después el mismo Ejecutivo ordenó retirarlas de parte del vallado melillense por las heridas que causaban en quienes intentaban rebasar el perímetro.

En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió colocar más concertinas en las vallas fronterizas, que no sólo coronarían el perímetro sino que podrían encontrarse también a pie de alambrada y en el intervallado, lo que provocó numerosas críticas tanto de entidades sociales como de los grupos de la oposición. De hecho, en 2014, el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a retirarlas en caso de que llegase a La Moncloa.

Durante su comparecencia, Grande-Marlaska ha negado que el Gobierno esté aplicando una política migratoria contraria a los derechos humanos, en respuesta a las críticas de varios grupos de la oposición, como Unidos Podemos. «No nos movemos exclusivamente en materia de seguridad, sino desde el respeto absoluto a los derechos humanos -ha replicado el-no hay bandazos, ni contradicciones».

En esta línea, ante las quejas de algunos grupos de la oposición por las devoluciones a Marruecos de los 116 migrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, el ministro sostiene que no fueron devoluciones «colectivas» y que se amparan en el acuerdo bilateral del 1992, al tiempo que cumplen con la Ley de Extranjería.

«No aceptamos ni admitidos el ataque violento a nuestras fronteras», ha sentenciado el responsable de Interior, que sostiene que «no entiende» que «se intenten avalar» diciendo que estas personas «no tienen otra solución que entrar y pedir asilo». Asimismo, ha apuntado que esa vez fue «la primera» que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado que custodias las fronteras terrestres «se han sentido protegidos».

Según ha recalcado, todos lo que lograron saltar la valla tuvieron un proceso de identificación «individual», hubo un abogado para cada 10 migrantes que trabajaron en ello, al tiempo que ha resaltado que «no puede dudar de la profesionalidad» de los letrados.

A este respecto, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, ha puesto en duda las garantías del proceso, recordando que varias ONG también lo cuestionan y que los propios letrados que asistieron a los migrantes «protestó» porque, entre otras cosas, desconocían el fin de «rápido» proceso identificación de estas personas.

Grande-Marlaska ha remarcado que todos los migrantes pudieron alegar «lo que vieron oportuno» en ese proceso, al tiempo que ha incidido en que ninguno pidió protección internacional. «No es tan habitual que en España ejerciten la petición de protección y asilo», ha argumentado sobre los que llegan a Ceuta y Melilla. Por su parte, la senadora Mora ha contestado al ministro que, si en Ceuta y Melilla no lo solicitan, es «porque saben que serán retenidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de ambas ciudades.

Durante su intervención, Marlaska ha defendido una inmigración legal, segura y ordenada y ha aseverado que con ese objetivo el Gobierno está «reforzando las relaciones internacionales». En este contexto, ha recordado sus recientes viajes a Senegal, Argelia o Marruecos «para fomentar esa cooperación». A su juicio, la cuestión migratoria compete a Europa y a África.

Concretamente ha hecho especial hincapié en la ayuda que necesita Marruecos por parte de la Unión Europea ante la presión migratoria es «indiscutible» e «importante» que sufre el país que, según ha destacado el ministro, ha regularizado a 50.000 subsaharianos.

En este contexto, ha pedido a los grupos parlamentarios del Senado «ayuda» para establecer un plan de cooperación específico con Marruecos, «no para que sea carcelero de nadie, sino para cooperar de forma integral» con este país «fiable y seguro».

Por otro lado, el ministro ha recalcado que el 2018 finalizará con alrededor de 50.000 peticiones de asilo pendientes de resolver, al tiempo que ha denunciado que a su llegada al Gobierno había «carencias» en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Para agilizar estos expedientes, el ministro ha señalado que Interior ha impulsado protocolos de actuación con el Ministerio de Exteriores y de Trabajo, Migraciones y Seguridad, y un sistema de guardias, entre otras medidas.

Asimismo, el ministro ha reivindicado la existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), al tiempo que ha dicho que «próximamente» se publicará un informe sobre estos centros, y también sobre los centros de atención temporal a extranjeros (CATE) habilitados para atender las llegadas a las costas. Durante su comparecencia, ha afeado al PP que durante el anterior Gobierno no hiciera nada para mejorar la gestión de estos centros ni «en general» en política migratoria.