El Gobierno se disculpa por la incertidumbre pero rebate a los empresarios

El hombre designado por Pedro Sánchez como principal «autoridad competente delegada» del país en tanto dure el estado de alarma rechazó, de esa manera, los reproches lanzados desde sectores económicos y algunas comunidades autónomas, como el País Vasco y Galicia, tanto por la contundencia de la decisión, anunciada por el presidente del Gobierno el sábado en una comparecencia totalmente inesperada, como por los plazos dados para su implementación.

La consejera vasca de Economía, Arantxa Tapia, insistió este lunes en que apenas el viernes por la noche el Ejecutivo le había garantizado que no pararía de momento la actividad no esencial. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) , Antonio Garamendi, se quejó de una excesiva «precipitación». «Se nos comunicó, sí, pero el sábado por la tarde, y se nos podía haber preguntado cómo se podía hacer y de qué manera», lamentó en diversas emisoras de radio.

Garamendi afeó al Ejecutivo que el domingo a las 23:45 horas, cuando ya había empleados que habían empezado su turno de noche, no se supiera aún qué debían hacer determinadas empresas, y remarcó que ni siquiera con el decreto en la mano y ya en vigor el asunto está del todo claro. «Ahora habrá que interpretarlo», dijo. La propia secretaria general de Transportes y Movilidad, María Jesús Rallo, lo admitió en la rueda de prensa diaria del comité técnico para la crisis del COVID-19. «Siempre va a haber aspectos que no queden claros cuando se hace una normativa que tiene que abarcar un campo de actividad que es el general», dijo.

Illa, sin embargo, alegó que Sánchez ya había advertido previamente de que haría «lo que haya que hacer y cuando haya que hacerlo» para tratar de atajar la pandemia y defendió la urgencia de acometer un parón de la actividad de esta envergadura por las recomendaciones de «los expertos». «Claro que habría sido mejor en otro momento -convino durante una rueda de prensa virtual desde el Palacio de la Moncloa- pero las cosas vienen como vienen».

La tesis del Gobierno es que la nueva medida contribuirá de manera decisiva a ralentizar el ritmo de expansión de la pandemia y dará algo de margen para evitar una saturación generalizada de las UCI en un momento clave, en el que se está a punto de alcanzar el pico de contagios. Además, aduce que, en el fondo, ahora el impacto económico será menor que en otro momento porque, con la llegada de la Semana Santa, su incidencia real será de sólo ocho días. Una mera «hibernación» de la economía, lo llamó el domingo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la encargada de ofrecer disculpas por las largas horas de incertidumbre que transcurrieron desde que el Consejo de Ministros extraordinario aprobó el domingo la polémica norma hasta que dio a conocer oficialmente su contenido, también argumentó en 'La Sexta' que la medida es «muy ponderada» con las empresas para las que un parón completo supondría el cierre definitivo de su actividad y la imposibilidad de poder reanudarla. «Para ellas - subrayó- vamos a dejar las plantillas en mínimos como si fuera fin de semana; no estamos parando el país».

La dirigente de Podemos -que el domingo soliviantó a los empresarios con unas declaraciones en las que advirtió que el Gobierno no aceptaría «presiones» porque defiende «el interés general»- templó este lunes además el tono, aseguró que sabe que muchas de las medidas impuestas «están siendo dolorosas» y añadió que «todos» los interlocutores sociales «se están dejando la piel» en esta crisis y «están a la altura de las circunstancias».

Garamendi le había respondido horas antes que la defensa del interés general no es solo patrimonio del Ejecutivo, y le había reprochado que presentara a los empresarios como «problema». «No aceptamos que se empiece a hacer demagogia sobre buenos y malos. Es muy peligroso que paremos sin ningún programa y esto -insistió- va afectar de una manera muy seria a nuestro país, a la economía y a las personas».

El Gobierno niega que detrás del tiempo que le llevó aprobar el decreto definitivo, mucho más restrictivo que el borrador que se había llevado al Consejo de Ministros, hubiera tensiones internas o discusiones interministeriales. Tanto la propia Díaz como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, esgrimieron «cuestiones técnicas», pero mientras la titular de Trabajo negó improvisación alguna, Ábalos la vino a admitir de manera implícita; aunque fuera una improvisación, a su juicio, necesaria frente a un crisis a la que el Ejecutivo se refiere cada día como «dinámica y no estática». «Lo que hubo -defendió en TVE el también secretario de Organización del PSOE- fue mucho trabajo, porque cesar prácticamente toda actividad exige un trabajo técnico y no había una preparación previa de los técnicos como ocurre otras veces».