La Guardia Civil creará un canal anónimo para denuncias de corrupción interna

El Ministerio del Interior ha ordenado pisar el acelerador para que la Guardia Civil se convierta en una de las primeras instituciones del Estado en tener plenamente operativo el denominado 'Sistema Interno de Información' para los delatores de irregularidades internas que la Ley de Protección de Informantes, aprobada el pasado febrero, obliga a poner en marcha en la Administración y grandes empresas.

La nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, aspira a sacar a la institución del ojo del huracán con este canal de denuncias de corrupción interna a la sombra de la directiva de la UE conocida como Whistleblowers (que se traduce literalmente como «el que toca el silbato»), que data de 2019.

Este canal de denuncias será «seguro, anónimo y confidencial», explican responsables del cuerpo, quienes insisten en la importancia de una herramienta de estas características para combatir la corrupción en una institución tan jerarquizada como la Guardia Civil, donde venía imperando el silencio ante las posibles irregularidades cometidas por los altos mandos.

De hecho, la decisión de acelerar la puesta en funcionamiento de este canal de denuncias está íntimamente relacionada –admiten en el cuerpo- con la dificultades y escollos que subordinados de hasta trece comandancias encontraron para denunciar que las «evidentes» irregularidades que se estaban detectado en 193 obras del denominado 'caso cuarteles'. Aunque en el cuerpo era 'vox pópuli' que las remodelaciones por las que se pegaron 3,3 millones de euros no se llevaban a cabo o que los trabajos no se completaban o se hacía de forma deficiente, nadie levantó públicamente la voz porque sabían que la orden de contratar al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon', venía del mismísimo teniente general Pedro Vázquez Jarava, uno de los cinco uniformados con más poder del cuerpo.

Vázquez Jarava, a pesar de los intentos de cerrar las pesquisas sobre sí mismo, fue finalmente imputado gracias, precisamente, a una denuncia anónima llegada a un mail oficial. En ese mismo caso cuarteles, y gracias al trabajo de Asuntos Internos, están investigados dos mandos más en Ávila y Alicante.

El otro caso sangrante para la Guardia Civil y que también ha servido de acicate en la decisión de implementar cuanto antes el canal de denuncias es el 'Mediador', en el que está imputado un cuarto mando, el general de división ya retirado Francisco Espinosa Navas, acusado de haber beneficiado a la trama de Tito Berni con contratos de drones en el Sahel. Que Espinosa había presionado para abrir las puertas de la cooperación policial internacional a un empresario afín también era un «secreto a voces» en la institución, según admiten en el cuerpo, aunque nadie se atrevió a denunciar a todo un general tan laureado como era Espinosa.

El teniente coronel David Oliva, máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, y otros dos tenientes, acusados de revelación de secretos, completan la lista de mandos investigados de las últimas semanas. Una época convulsa en la que el cuerpo también ha vivido la forzada salida de la exdirectora María Gámez (por la imputación de su marido en otros caso de corrupción ajeno, eso sí, a la institución) y la dimisión de José María Tienda, coronel jefe de la Comandancia de Tenerife por su relación precisamente con el constructor Ángel Ramón Tejera de León.

El canal de denuncias será la principal herramienta para tratar de exorcizar la mancha corrupta que salpica el cuerpo, pero habrá otras. En el segundo semestre de este 2023 está previsto la creación Observatorio de Conducta Ética en el seno del Mando de Personal que deberá «supervisar todos los proyectos en desarrollo y la centralización de la información relevante».

Además, y siempre en relación al escándalo más importante del cuerpo, el 'caso cuarteles', la Guardia Civil está ordenando ya que se documente con fotografías antes y después todas las obras que se realicen en dependencias oficiales.