El Gobierno reclama al CGPJ que descuente el sueldo a los jueces huelguistas

Fuentes del departamento dirigido por Félix Bolaños han confirmado que el lunes, durante una reunión entre el ministerio y las asociaciones, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, informó de que dirigiría un oficio al órgano de gobierno de los jueces para que se pronunciase sobre los paros totales previstos para los próximos días 1, 2 y 3 de julio. En dicha cita, según los representantes de las organizaciones que respaldan la protesta, el Gobierno «no aceptó ninguna de nuestras propuestas, sin ofrecer alternativas ni mostrar apertura al diálogo, llegando a plantear dudas sobre el derecho de huelga de jueces y fiscales que se ha venido consolidando y reconociendo en los últimos años».

Este miércoles, Justicia ya habría hecho llegar dicho documento al Consejo -según Europa Press-, donde le insta a certificar que se descontará la parte proporcional del sueldo a los jueces y fiscales que apoyen finalmente esos paros totales. Para ello dicho departamento recuerda que en 2009 el propio CGPJ ya afirmó que la legislación española «no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados y, por tanto, tuvo por no convocada la huelga declarada en ese momento».

No obstante, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario para las 10:00 horas de este jueves con el objetivo de reunir una postura conjunta ante la problemática actual, en la que la mayoría del sector se encuentra enfrentado a los controvertidos cambios legales que pretende llevar a cabo el Ejecutivo en los próximos meses respecto a su funcionamiento. Además, el ministerio le ha pedido que aclare si mantiene su criterio respecto a si los miembros de la judicatura tienen derecho a ir a la huelga, como sostienen los convocantes que sí se ha dado posteriormente al referido año 2009.

En su informe sobre una de esas polémicas reformas del Ejecutivo, en este caso la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el CGPJ realiza varias objeciones importantes, entre ellas, que la Policía Judicial –por ejemplo, la UCO de la Guardia Civil que lleva a cabo las pesquisas en el 'caso Koldo', los de la esposa y el hermano del presidente Pedro Sánchez o el del fiscal general del Estado- pase a depender de la Fiscalía, algo que el órgano de gobierno de los jueces considera que supera «el ámbito propio de un estatuto orgánico« y »se proyecta sobre un ámbito personal que trasciende al de los integrantes» de la Fiscalía.

Se trata de un paso que se antoja decisivo en la estrategia del Gobierno para quitar la instrucción de las causas a jueces y magistrados, competencia que mantiene en la actualidad, y dejarla en manos de los fiscales a imitación en buena medida del modelo anglosajón. De esta forma, entre otras cosas, el fiscal jefe de cada territorio designaría a los fiscales responsables de cada investigación.

Dicho anteproyecto, junto al de la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal –del que se reprocha que contribuya a la desprofesionalización de la judicatura-, ya han sido bautizados como 'leyes Bolaños' y, según sus críticos, contribuirán de forma decidida a reducir la independencia judicial, amén de no resolver los problemas «reales» de la justicia. Pese a ese rechazo generalizado en el sector, el ministro insiste en que seguirá adelante con ellas y, tras su visto bueno en las próximas semanas por el Consejo de Ministros, serán llevadas al Parlamento donde tratará de recabar los apoyos necesarios para su aprobación final.

Desde el Consejo también se critica en su informe que los cambios que se pretenden hacer en el Ministerio Público no garanticen su «carácter de órgano independiente» . algo que, aunque no se recoge de forma expresa en la Carta Magna, sí «está ínsito en la regulación constitucional de la institución». Además, censura que se supriman o alteren varias de las atribuciones del Consejo Fiscal, llegando a «desnaturalizar» su función actual como contrapeso del fiscal general del Estado, del que valora que se alargue su mandato más allá de la legislatura aunque echa en falta que no haya una una prohibición explícita que impida que el Gobierno pueda darle indicaciones, instrucciones o directamente órdenes.