El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

La aprobación de los objetivos de deuda y déficit, junto con el techo de gasto, se considera la antesala de las Cuentas públicas. Lo habitual solía ser que el Gobierno la presentara y sometiera a votación en las Cortes en el mes de julio, pero en el actual contexto de inestabilidad parlamentaria, Hacienda ha optado por ir retrasando el momento de su aprobación. Junts ya había adelantado previamente su voto en contra a la propuesta que manejaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, incluso antes del divorcio ratificado el pasado 30 de octubre por su militancia, de modo que lo más probable, según reconocen también en Moncloa, es que el Ejecutivo no pueda sacarla adelante.

La última vez que Montero intentó aprobar una senda en el Congreso fue en julio de 2024 y ya se topó con la oposición tanto del PP y Vox como de la formación de Carles Puigdemont. En septiembre de ese mismo año, acabó retirando casi sobre la bocina el texto, que se había vuelto a introducir en el orden del día del pleno tras su reaprobación sin cambios por el Consejo de Ministros, para evitar un segundo varapalo. Entonces, la número dos del Gobierno aseguró que había visto una posibilidad de llegar a un acuerdo con los posconvergentes y que la exploraría. Pero el entendimiento no llegó nunca. Como no llegaron los Pesupuestos de 2024.

Ahora, el Ejecutivo insiste en que, pase lo que pase, sí aprobará unas nuevas Cuentas, las primeras de una legislatura anómala que encadena ya dos prórrogas de las aprobadas en 2022 para 2023, con otro Gobierno y otro Parlamento. Si tras dos intentos -que podrían tener lugar, como pronto, la última semana de este mes y la semana del 9 de diciembre, respectivamente- los objetivos planteados no contaran con el visto bueno de la Cámara baja, los eventuales Presupuestos tendrán que elaborarse conforme a los últimos objetivos de deuda y déficit aprobados.

En un intento de presionar a Junts pero también al PP, Montero ha advertido en varias ocasiones que esa senda vigente es «mucho más exigente» para las comunidades autónomas y las entidades locales que la nueva. Pero el argumento no tuvo éxito el pasado año y difícilmente lo tendrá este, en un contexto de guerra sin cuartel. Este miércoles, en el pleno del Congreso, ante el que Sánchez compareció para informar sobre el último Consejo Europeo y, a instancias del PP, sobre la corrupción que salpica a su entorno y sobre cómo pretende agotar la legislatura, quedó una vez más claro.

El presidente del Gobierno apeló a los de Puigdemont a seguir dialogando «Mi grupo necesita sus votos, pero su grupo también necesita nuestros votos. ¿O va a negociar a quienes aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?», retó. La respuesta de la portavoz del partido independentista, Míriam Nogueras, no pudo ser más cruda. «Veo que no ha entendido nada. Pero no sufra, el tiempo le hará entender», dijo en un tono que vaticina que Junts demostrará por la vía de las votaciones parlamentarias que ya no hay más que hablar.

No cabe esperar tampoco que los presidentes autonómicos del PP intercedan para que su partido apoye una senda que, según el Ejecutivo, les permitiría contar con unos 3.300 millones de euros más de capacidad de gasto el próximo ejercicio porque Sánchez no solo carga ya contra Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de carecer de proyecto, entregarse a la ultraderecha y ejercer una «oposición destructiva», también lo hace contra ellos, en vísperas de un ciclo electoral que se abrirá el 23 de diciembre en Extremadura. A eso, dedicó de eso, la mayor parte de su intervención parlamentaria, en la que llegó a esgrimir que corrupción son también «los recortes y las privatizaciones».