El Gobierno intenta hacer un gesto al PNV y vuelve a aprobar este martes la ley de secretos oficiales

El Gobierno, que hace apenas una semana no comprometía que fuera a volver a activar este julio el anteproyecto de ley que ya aprobó en 2022 sin consenso de sus aliados y que decayó por el adelanto electoral del 23-J de 2023, lo refrendará de nuevo en el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del PNV han confirmado a este periódico que el Ejecutivo no ha vuelto a contactar con el partido antes de reanimar la tramitación de la ley llamada a desclasificar informaciones sensibles de la dictadura y la Transición. Los peneuvistas esperan a conocer la literalidad de la redacción, que, avanza el Ejecutivo, permitirá esta vez una desclasificación automática de documentos, bajo condiciones, eso sí.

Como telón de fondo de la iniciativa aparece no solo el delicado trance que atraviesa el mandato de Sánchez tras el reventón del 'caso Cerdán', sino también -o sobre todo- que el anteproyecto de la futura ley, denominada en su caso 'de información clasificada', ya tropezó en la pasada legislatura con el rechazo de la oposición y de los propios socios, algunos de los cuales, como el PNV y Podemos, la encuentran demasiado restrictiva. El Consejo de Ministros aprobó el citado anteproyecto hace ahora casi tres años, en su última reunión de agosto de 2022 antes de las vacaciones. La iniciativa legislativa quedó en suspenso con la convocatoria de las generales el 23-J,

La ratificación de este martes en segunda vuelta no significaba, al menos hace unos días, que el anteproyecto fuera a encauzarse en las Cortes en el segundo periodo de sesiones del año, a la vuelta del verano. «No tenemos plazo», respondían fuentes conocedoras de la tramitación, que subrayaban que el Consejo de Ministros tendrá aún que «trabajar la ley» tras recabar el parecer obligado del Consejo de Estado que preside la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo y de otros informes preceptivos aunque no vinculantes.

El PNV ha sido el partido que más insistentemente ha requerido la reforma de la normativa franquista, cuya vuelta a la mesa negociadora se produce en un contexto de exigencia del partido de Aitor Esteban para sostener la legislatura tras el ingreso en prisión por presunta corrupción de Santos Cerdán. La reunión hace una semana del lehendakari Pradales con Sánchez en La Moncloa constató la voluntad de los nacionalistas vascos de mantenerse junto a los socialistas, con los que cogobiernan en Euskadi, pero con queja por el insuficiente avance en el traspaso estatutario pendiente de la gestión de la Seguridad Social.

El anteproyecto de ley que el Consejo aprobará este 22 de julio apenas introduce modificaciones con respecto al que impulsó el 1 de agosto de 2022 previa luz verde de Presidencia, Justicia -hoy ambos en la misma cartera que dirige Félix Bolaños-, Defensa, Interior y Exteriores; una pluralidad de actores ministeriales justificada porque la reglamentación se refiere a aquellas materias con una relevancia «excepcional» para los intereses del Estado; singularmente en lo referido a la seguridad nacional. Los cambios atenúan, pero no de manera significativa, algunas de las previsiones de hace tres años en lo que tiene que ver con el tiempo en que se guardará esa información reservada y con la cuantía de las eventuales multas a quienes la difundan.

La reforma, dirigida por Bolaños -quien la asumió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, transigiendo porque la misma se situó en parámetros más restrictivos que los contemplados inicialmente por los socialistas-, establece cuatro categorías según las materias protegidas: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Y con, a su vez, cuatro escalones en las responsabilidades potenciales que pueden contraerse si se vulnera el 'top secret': extremadamente grave, grave, perjudicial o desfavorable. En el anteproyecto original, el plazo para que el Estado preserve ante el ojo público los asuntos catalogados como alto secreto era de 50 años prorrogables 15 más; ahora se rebaja a 45 y 15, o lo que es lo mismo, un máximo de 60. En cuanto a los considerados secretos, la horquilla, en principio de 40 ampliables a otra década más, se deja en 35. El PNV acota los plazos a 25 años con posible prórroga de diez.

En cuanto al castigo máximo previsto para los periodistas que publiquen una información clasificada como alto secreto por el Consejo de Ministros, este, que iba a ser de tres millones de euros, pasan a 2,5 millones, cuantía que respondería a una infracción «muy grave»; el listón más bajo para la revelación de los asuntos con mayor blindaje sigue en 800.000. Hace tres años, el Gobierno no desveló este régimen sancionador en la comparecencia posterior al Consejo en el que refrendó el anteproyecto por primera vez, aunque después se afanó en subrayar que, como figura en el preámbulo de la norma, el espíritu es que prevalezca el derecho constitucional a la libertad de expresión. Derecho que se introduce, precisa el Ejecutivo, «como criterio de graduación de las sanciones».

La reforma, que no concitó en su momento la anuencia de los socios, se sitúa en el terreno de la regulaciones más severas de Europa y dentro de la OTAN con la protección de los entresijos del Estado, con períodos de blindaje equiparables a los de Francia o Alemania y por encima de lo que contemplan las legislaciones en Reino Unido, Italia o Estados Unidos. En todo caso, el Gobierno argumentó en su momento que la desclasificación se movía en los acotados márgenes definidos por los técnicos de la Alianza Atlántica.

La modificación de la ley del franquismo de hace casi seis décadas prevé que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrán quedar ocultos bajo el manto de la tipificación como secretos. Y el Gobierno creará la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada bajo la dependencia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige hoy Bolaños.