La «zona catastrófica» por incendios y danas afecta a 121 territorios de 16 comunidades

Con esta declaración se trata de habilitar el procedimiento para que todos los damnificados por las 121 emergencias registradas en España en este periodo soliciten las ayudas directas de distinto tipo previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En el caso del fuego, el acuerdo recoge las tres oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado desde finales de junio hasta ahora, y que han variado entre niveles de riesgo uno y dos.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial.

Se trata, en suma, de ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI. Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados».

Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados «cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad», pero ha incidido en alusión a los incendios que la «emergencia aún no se ha dado por cerrada». «Estas instituciones van a tener en todo momento a su lado a su Gobierno y van a tener todas las ayudas necesarias para conseguir la mayor recuperación posible de las zonas afectadas por la catástrofe», ha garantizado.

En cuatro de los territorios más afectados por los incendios en agosto, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura, se han quemado más de 300.000 hectáreas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus. Marlaska ha recordado que los fuegos simultáneos han coincidido con la «ola de calor más intensa desde que hay registros, con una temperatura media superior a 4,6 grados a lo que es habitual en esta época del año y siendo la más larga de este periodo».

Además, el ministro ha repasado los medios y recursos movilizados por el Ejecutivo y ha trasladado, asimismo, a las familias de las personas fallecidas sus condolencias y el reconocimiento «a los miles de hombres y mujeres que están trabajando en una situación que, dada la duración de esta emergencia, llegan al agotamiento, a la extenuación pero que siguen ahí hasta el final», en alusión a efectivos de bomberos forestales, UME, agentes medioambientales, Protección Civil, policías locales, Ejercito, Guardia Civil, Policía Nacional y voluntarios, entre otros.

Según datos de Interior, las tres oleadas de incendios comenzaron a finales de junio en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, todos ellos con situación operativa uno, lo que supuso la activación de los planes de las comunidades autónomas afectadas de sus planes de prevención y lucha contra el fuego.

La segunda ola se inició el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa dos, que deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones. A partir del 11 de julio se comunicaron incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia. Pero la situación empeoró a partir del día 17 y los fuegos aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. Dos días después en Badajoz y Valladolid y luego en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Islas Baleares, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel.

La tercera y más destructiva ola comenzó el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, nuevas emergencias surgieron en León, Navarra, Ourense y Zamora. El 11 de agosto, nueve incendios en situación operativa dos, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a declarar la Fase Uno de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas. El 12 de agosto pasado se recibió aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se sumaron a la lista de provincias afectadas

La otra medida que ha echado a andar este martes es la creación de una nueva comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado contra la emergencia climática, que el mismo presidente Pedro Sánchez ha encabezado este martes, justo antes del Consejo de Ministros. La comisión está capitaneada por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con el ministro del Interior Grande Marlaska, como responsable de Protección Civil. En este sentido, Sánchez exigió la necesidad de «redimensionar» y «redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático».