El Gobierno cierra el año en el Congreso sin Presupuestos y con el apoyo decisivo del PP en la dependencia y los funcionarios

Para sacar adelante sus leyes, el Ejecutivo se ha apoyado en la geometría variable, antaño alabada y últimamente poco empleada, visto el clima de polarización en el Parlamento. Junts ha planteado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la atención a la dependencia y para la inclusión de las personas con discapacidad «por invasión de competencias» que ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos y PNV (que a su vez, ha retirado a última hora su enmienda) y la abstención decisiva de PP y Vox.

Sobre esta ley, los partidos han exigido una financiación acorde al texto. «Sin dinero, no hay desarrollo de los derechos», ha recordado el PP, y Vox ha lamentado que el año pasado 27.217 personas murieron en una lista de espera sin recibir prestaciones». El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido «un pasado de infrafinanciación crónica» y se ha comprometido a que las leyes de dependencia y discapacidad dispongan de «la financiación necesaria para ser viable y salir adelante».

También ha sacado adelante el Gobierno la Ley de Servicios y Atención a la Clientela, que busca regular la calidad y mejorar los servicios que las empresas prestan a sus usuarios. En este caso, la mayoría de investidura, que ha incluido a Junts, ha rechazado las enmiendas a esa ley que había planteado el PP en el Senado y que pretendían que la obligación de ofrecer un servicio de atención en todas las lenguas cooficiales solo la tuvieran las empresas que operan en comunidades con más de un idioma oficial. Pese a la ruptura con el Gobierno anunciada a bombo y platillo por Míriam Nogueras, el partido de Carles Puigdemont ha vuelto a votar con el Gobierno, un resultado que aligera, siquiera pasajeramente, la sensación de soledad del Ejecutivo.

La amplia mayoría de los grupos (PSOE, PP, Sumar, PNV y Podemos) también ha respaldado el real decreto de medidas complementarias para La Palma tras la erupción del volcán, que recoge la bonificación del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ciudadanos de la isla o que autoriza al Gobierno canario para gastar 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico, entre otras iniciativas.

El pleno ha aprobado dos decretos más: uno que recoge la subida de sueldo a tres millones de funcionarios públicos (de un 2,5% en 2025, con efecto retroactivo, y un 1,5% en 2026) y que ha contado con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Vox; y otro que amplía el margen de inversión de los ayuntamientos y que otorgan mayores capacidades a los alcaldes para emplear fondos en proyectos que queden fuera del gasto corriente, como viviendas, gestión de recursos hídricos y otras áreas específicas, un compromiso explicitado hace una semana por el presidente del Gobierno para congraciarse con sus antiguos socios de Junts (aquí, el PP se ha posicionado en contra).

Sin embargo, el Ejecutivo ha vuelto a fracasar en su segundo intento de que el Congreso aprobara los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y la senda de déficit, que ya fueron rechazados, exactamente con el mismo texto, hace un mes. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado al PP un voto a favor. «No se puede explicar que ofreciendo un mayor margen algunos vayan a votar en contra. Solo se puede explicar porque hay algunos partidos de esta cámara que están instalados en el no por el no», ha señalado Montero. Pero la clave es Junts, que ha vuelto a quitar toda esperanza al Ejecutivo. «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana», afirmó el diputado Josep Maria Cruset. La negativa a la senda de déficit, no obstante, no impide que el Gobierno elabore unas Cuentas para 2026. De hecho, durante su intervención, Montero ha anunciado que el Ejecutivo «está trabajando para presentar a la mayor brevedad posible el proyecto de Presupuestos».