El Gobierno acatará la orden del Supremo y ultima la acogida de mil menores refugiados de Canarias

De esta forma, el Estado se compromete a garantizar el «acceso inmediato» al sistema estatal de acogida a todos los menores que hayan solicitado asilo en Canarias, donde aproximadamente mil de ellos se encuentran ahora mismo hacinados por la insuficiencia de recursos.

El 25 de marzo, la sala tercera del Supremo emitió un auto de medidas cautelares que otorga al Estado diez días para hacerse cargo de la situación de estos solicitantes de asilo. Ante la sospecha de que el Gobierno no estaba tomando medidas, el alto tribunal convocó una vista el 29 de mayo en la que representantes de los ministerios del Interior y de Migraciones reconocieron que pese al mandato del Supremo, todavía no habían podido «evaluar individualmente».

Tras estas declaraciones, los jueces del tribunal emitieron un duro auto en el que acusaban al Gobierno de «desconocer» los derechos que la legislación sobre protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, «muy especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y necesidad». En ese escrito, hecho público el 5 de junio, exigieron a los ministerios implicados la adopción de medidas urgentes y avisaron de que en caso de incumplimiento, impondrá medidas coercitivas a los responsables de esta gestión. En concreto, el Supremo dio 30 días para que se dotara de los medios personales y materiales necesarios a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional y 15 días para articular una colaboración «eficaz» con Canarias.

Si el Ejecutivo no cumplía estas condiciones, se arriesgaba a las sanciones previstas en el artículo 112 Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que contempla la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que no lleven a cabo los requerimientos de la Sala.

El Gobierno de Canarias, que acoge a unos 5.800 menores migrantes no acompañados, había llevado al Supremo la situación de estos mil solicitantes de asilo. El Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo argumentaba que era el Gobierno central el que tenía las competencias sobre los refugiados.