La Fiscalía se querella contra Monasterio por falsedad documental como arquitecta

Las denuncias se referían a la presunta falsificación de un visado para poder tramitar planos en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, la líder regional de Vox habría utilizado esta autorización entre 2005 y 2016 cuando, sin ser arquitecta, aceptó reformar un 'loft' del actor Arturo Valls. Para ello, usó supuestamente sellos certificados de una compañera que no tenía nada que ver con los proyectos contratados. El último año de esta actividad, 2016, no habría prescrito cuando se presentaron las denuncias y ha permitido a la Fiscalía presentar ahora la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al tratarse de una aforada.

La denuncia de Más Madrid fue presentada en enero de 2020 por la dirigente del partido Marta Higueras y por el que fuera concejal de Urbanismo durante la alcaldía de Manuela Carmena, Juan Manuel Calvo del Olmo, que es arquitecto de profesión. Afirma que «cabe deducir que los planos incluidos en el documento denominado proyecto de acondicionamiento de carácter puntual con cambio de uso de local comercial a vivienda, registrado por Rocío Monasterio para solicitar la licencia municipal, incluyeron de forma fraudulenta un sello de visado del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos».

Explican que «el sello de los planos y documentos del expediente de 2005 consiste en una pegatina en color adherida a cada una de las páginas que forman parte del Estudio, mientras que en los planos pertenecientes al proyecto de acondicionamiento de la vivienda el sello es solamente una imagen en blanco y negro». Añade la denuncia que «el sello contiene información contradictoria con el propio documento en el que se integran los planos: título del documento del que forman parte, autor y fecha».

Destacan, además, que una arquitecta colegiada por Madrid, en referencia a Monasterio, declara ser autora del proyecto, «lo que haría absolutamente inviable su visado por parte del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que agrupa a otros profesionales distintos de los arquitectos». Por todo ello, la formación política cree que los hechos «serían susceptibles de ser un delito de falsedad documental».