La Fiscalía rebaja la acusación y abre la puerta a que Trapero no entre en prisión

Así, la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de cárcel por un supuesto delito de sedición por su actuación durante el 'procés' independentista de 2017. Pero, al mismo tiempo, el Ministerio Público incluyó como alternativa, en caso de que el tribunal «no considere acreditado» el delito de sedición, el castigo por un delito de desobediencia, que no implica penas de prisión sino una inhabilitación.

El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo comunicó este lunes, en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula de la Policía catalana por su actuación durante octubre de 2017, que su petición inicial de que Trapero sea condenado por rebelión descienda un grado y lo sea por sedición. Esta rebaja se daba por hecha desde hace tiempo, toda vez que los líderes secesionistas juzgados en el Tribunal Supremo fueron condenados a penas de nueve a trece años por sedición, y algunos de ellos también malversación, pero no por rebelión como pretendía inicialmente la Fiscalía.

Trapero se enfrentaba también en un primer momento a una pena de once años de cárcel por un delito de rebelión, según la calificación original de la Fiscalía. Pero ya no podía ser acusado por el delito más grave que fue descartado por el Supremo. De hecho, el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, jefe superior de Trapero, fue condenado a 10 años de cárcel por sedición. La Fiscalía solicitó la misma pena de diez años de prisión por un delito de sedición para el que era director de los Mossos en octubre de 2017, Pere Soler, y para el exnúmero 2 de la Consejería de Interior, César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, subordinada de Trapero, reclama cuatro años por el delito de sedición.

Carballo presentó este lunes sus acusaciones definitivas. El juicio contra Trapero se reanudó en la Audiencia Nacional, después de que quedara paralizado como consecuencia del coronavirus. Los acusados, de hecho, no acudieron a la Audiencia Nacional, sino que comparecieron en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pues no pueden desplazarse a Madrid.

El Ministerio Público considera que el exmayor de los Mossos y por extensión el cuerpo autonómico se pusieron a disposición del Govern y colaboraron para que el referéndum ilegal del 1-O pudiera celebrarse, como paso previo de la declaración unilateral de independencia. Los Mossos, según la Fiscalía, fueron una «pieza clave» en el plan secesionista. A Trapero se le acusa también de no hacer nada para impedir la concentración del 20 de septiembre de 2017, la «protesta tumultuaria» ante la Consejería de Economía de la Generalitat.

El coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado recientemente por el Gobierno como jefe de la Guardia Civil en Madrid y que en el 1-O dirigía la coordinación entre los tres cuerpos policiales, declaró durante el juicio que el exmayor de los Mossos ideó un operativo para facilitar la celebración del referéndum ilegal, en vez de para impedirlo. Acusó a los Mossos de pasividad durante la jornada de votación e incluso de entorpecer su labor.

Trapero, en cambio, durante el juicio, negó formar parte del llamado estado mayor del 'procés' que tomaba las decisiones estratégicas. Afirmó que siempre obedeció las resoluciones judiciales que mandaban paralizar el referéndum y que tenía un plan para detener a Carles Puigdemont si así se lo ordenaban la Fiscalía y el TSJC después de la declaración unilateral de independencia. Y reveló una reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn en la que los mandos policiales propusieron la suspensión del referéndum. Sus abogados piden la absolución.