El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

Nacido en Getxo en 1982 y descendiente de una familia de navieros, Hamlyn tuvo acceso a información restringida durante años, incluida su ficha policial, que le facilitó un funcionario destinado en la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional (UPJAN). Se trata del agente J. M., detenido en 2023 y posteriormente puesto en libertad por vender información confidencial a unos ciudadanos sirios y a su abogada, investigados en una causa abierta por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Pero no fueron los únicos. Según la documentación adelantada este jueves por ABC, el análisis de los dispositivos reveló que en la lista de clientes del policía también figuraba Alejandro Hamlyn, quien, como presidente del Grupo Hafesa, dedicado a la distribución de petróleo, habría comprado «mediante sobornos y dádivas» información secreta o reservada entre que el policía obtenía «accediendo de forma no justificada ni autorizada» a distintas bases de datos policiales.

Entre otras, la plataforma Sidenpol (la base que recoge todas las denuncias interpuestas en cualquier dependencia de la Policía Nacional), así como numerosos documentos y fichas de otras bases de datos de uso exclusivo policial, como Objetos (consulta de vehículos y de otros objetos implicados en hechos policiales) o Argos, Personas y Orión, centradas en personas de interés policial. Entre ellas se encontraban individuos y empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos, cuyas tramas de fraude fiscal han desembocado en media docena de investigaciones judiciales abiertas en órganos de la Audiencia Nacional.

Así lo constató la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que reflejó en un informe fechado en junio de 2023 que Hamlyn «ha mantenido una relación continuada relativa a la compra de secretos policiales al funcionario investigado, tal y como se deduce del hecho de que, de abril a noviembre de 2020, ambos mantuvieron un gran número de conversaciones relacionadas con personas y empresas del sector de hidrocarburos». Los investigadores llegaron a identificar hasta 42 perjudicados por esta divulgación ilegal de datos personales contenidos en ficheros policiales.

Según las pesquisas, a cambio la sociedad Hafesa habría pagado al agente, a través de su mujer, 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022 hasta su detención en junio de 2023. Hamlyn, a quien la Sala de lo Penal ya declaró en rebeldía el pasado mes de junio por ausentarse del juicio pendiente por un fraude millonario, no se presentó el pasado 24 junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, que le había citado para declarar por estos hechos en calidad de investigado.

El empresario alegó entonces que tiene prohibido salir de Emiratos Árabes, donde se instaló aprovechando que el tribunal que le iba a juzgar le permitió viajar tras no retirarle el pasaporte, por estar supuestamente investigado en ese país a raíz de una deuda en el país de 30.000 dirhams (unos 7.000 euros). Ahora, el juez ha pedido al Gobierno que reclame a las autoridades saudíes su extradición.

Hamlyn salió a la palestra después de difundirse a finales de mayo un audio grabado en un despacho de abogados de Madrid en el que una persona que estuvo vinculada a la dirección del PSOE, Leire Díez, le solicitó datos comprometedores del jefe de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, responsable de las investigaciones sobre hidrocarburos o del 'caso Koldo', entre otros.