España enviará este viernes a Ucrania lanzagranadas, ametralladoras y municiones

Los aviones A-400 M irán hasta hasta Polonia, en un punto cercano a la frontera con Ucrania y serán recogidos por las autoridades ucranianas, según ha explicado la ministra en declaraciones a Antena 3. Robles ha resaltado que este primer envío es «importante» porque permitirá «una defensa muy individualizada», que podrá ser utilizada por «personas que no tienen una gran experiencia en la utilización de armas».

La titular de Defensa ha hecho hincapié en que Ucrania «es un país que ha sido atacado» y sus ciudadanos están actuando en «legítima defensa» y estas armas «van destinadas a este fin». Robles ha resaltado la unidad en la Unión Europea y ha dicho que «es ahora» cuando esa «legítima defensa» permite actuar amparados por el ordenamiento jurídico internacional.

A primera hora de la mañana, el anuncio en el Congreso del presidente del Gobierno sobre el envío de material letal ha planteado múltiples interrogantes sobre el procedimiento a emplear y una singularidad: es la primera vez que España dota de armas a una de las partes en plena ofensiva militar.

El método para el envío de armamento a la resistencia ucraniana eludirá en todo caso el control parlamentario, ya que el volumen del contrato entre Estados será inferior a los 12 millones de euros, según adelantaron fuentes de Moncloa a este periódico.

También se conoce que el paraguas normativo que se aplicará será el control del comercio exterior del material de defensa. En esta regulación, con más de 15 años de vida, se encuentra el organismo encargado de examinar las operaciones de venta a Estados o empresas particulares. Su nombre es Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Forma parte del organigrama del Ministerio de Industria y Comercio y dispone de representantes de Exteriores, Defensa, Interior y Hacienda.

El último informe de la Secretaría de Estado, correspondiente al primer semestre de 2021, expuso que España vendió a Ucrania material por un importe de 4,3 millones, mientras que Rusia facturó 3,7 millones. La mayoría de las ventas fue a parar a empresas privadas.

Uno de los asuntos espinosos que tendrá que sortear el Gobierno es el artículo 8 de la normativa de comercio exterior, que enumera los casos en los que la venta será denegada. El primer punto dice: «Cuando existan indicios racionales de que el material pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y contra la dignidad inherente al ser humano».

Ahora bien, en su artículo 5 se señala que «no será precisa autorización administrativa de transferencia» para el material que acompañen o vayan a utilizar las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español en las maniobras o misiones que realicen en el extranjero con motivo de operaciones humanitarias, de apoyo a la paz o de otros compromisos internacionales». Y es en este punto donde podría enmarcarse la aportación de armamento a la resistencia ucraniana.

Kiev lleva varios días pidiendo todo tipo de medios ofensivos, si bien sostiene que los más útiles son las granadas de mortero y propulsadas por cohetes y los misiles anticarro y antiaéreos. La mayoría de los aliados que han prometido ayuda militar han incluido en sus envíos precisamente lanzacohetes, misiles anticarro, sistemas antiaéreos, rifles y munición.

Las Fuerzas Armada españolas cuentan además en su inventario con armamento similar al ucraniano como los lanzacohetes C-90 y Alcotán C-100, fabricados por la firma española Instalanza; misiles antiaéreos Mistral, de la compañía MBDA; misiles anticarro Spike de la israelí Rafael y los veteranos Tow de diseño estadounidense.