Qué consecuencias tendrá el giro histórico de España en el conflicto del Sáhara

En dicha misiva, dada a conocer en su integridad el 23 de marzo, España asume la propuesta de autonomía marroquí sobre la cuestión del Sáhara Occidental de 2007 y afirma que es «la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo».

De esta manera, se produce, por parte de España, un reconocimiento tácito de la soberanía de Marruecos sobre dicho territorio ocupado y se abandona la posición mantenida hasta la fecha, aproximándose a la posición de EE UU y yendo incluso algo más lejos que Francia y Alemania, al considerar que el plan marroquí es la mejor opción de todas para superar el conflicto.

La carta de Pedro Sánchez deja al descubierto un proceso de toma decisiones caracterizado por su opacidad, ya que, como se ha señalado, el cambio de postura del Gobierno de España fue dado a conocer a la opinión pública española en primera instancia por Marruecos, sin que aún el Gobierno haya explicado de forma detallada los fundamentos y objetivos de su decisión, más allá de salir del impasse con Marruecos generado tras la crisis diplomática y migratoria de 2021 y lograr crear una cooperación estable entre ambos países.

Ello está dando lugar a diversas especulaciones sobre las causas del giro español e incluso sobre el idioma original y circunstancias de redacción de la carta del presidente español, sin olvidar las dudas sobre si Argelia fue informada con antelación por España de su decisión de asumir el plan de autonomía marroquí. A ello habría que añadir que, según algunos medios, la carta habría sido publicada parcialmente por Marruecos sin el conocimiento del Gobierno español.

Sorprendentemente, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señalaba que lo expresado en la carta no implica ningún giro histórico en la posición de España, sino que da continuidad a la ya mantenida desde el año 2008 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, en un intento de cuadrar el círculo, el ministro subrayaba que apoyar el plan marroquí es perfectamente compatible con lo dispuesto en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la libre determinación del pueblo saharaui. Cabe recordar que, si bien es cierto que Zapatero y el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos se mostraron partidarios de respaldar el plan marroquí de 2007, España nunca llegó a oficializar una nueva postura, sino que se mantuvo en la posición tradicional de España desde el origen del conflicto (véanse pp. 439-450).

Asimismo, quedó patente de inmediato que esta decisión se había adoptado al margen del Parlamento español. No sólo no ha existido debate previo alguno con los partidos de la oposición, sino que ni tan siquiera se ha informado en sede parlamentaria de esta decisión hasta el miércoles 23 de marzo. Tras la comparecencia de Albares, todos los partidos, salvo el PSOE, han rechazado el giro efectuado por el presidente Sánchez.

Igualmente, es reseñable que esta decisión se ha tomado sin participación alguna del Consejo de Ministros, al punto de que los miembros del Gobierno de coalición pertenecientes a Unidas Podemos ignoraban las intenciones de Sánchez y Albares. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en línea con la postura de su partido sobre el Sáhara, mostraba públicamente su rechazo al alineamiento de Sánchez con el plan marroquí y reafirmaba su compromiso con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Por último, hay que indicar que es una decisión que ha generado discrepancias en el seno del propio PSOE y que entra en clara contradicción con su programa electoral (véase la p. 286), que mantenía la posición tradicional de España sobre esta cuestión.

Se trata, en definitiva, de una decisión absolutamente unilateral y personalista, tomada prácticamente en exclusiva por Sánchez y Albares, que está en las antípodas de la concepción de la política exterior como una política de Estado y que, en un contexto interno polarizado y fragmentado social y políticamente, aleja aún más las ya de por sí endebles perspectivas de consenso en materia de política exterior.

Desde el periodo de la Transición, la política exterior de la España democrática ha tenido un sólido anclaje en el ámbito de los valores. De este modo, la promoción y defensa de la democracia y de los Derechos Humanos, la apuesta firme por el multilateralismo institucionalizado y el Derecho internacional y la lucha contra la pobreza a través de la cooperación al desarrollo han sido elementos fundamentales –salvo alguna excepción significativa– de los distintos gobiernos españoles, tanto conservadores como, especialmente, progresistas.

Este acervo se recoge en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014 que en su artículo 1.2 define la política exterior de España como «el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior». Asimismo, el artículo 2.1. señala: «La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, ha reafirmado especialmente la importancia de la dimensión axiológica y normativa de la política exterior, enfatizando la centralidad del Derecho internacional y de las Naciones Unidas, clave de bóveda del multilateralismo institucionalizado, en la formulación e implementación de la política exterior de España. Estos aspectos tienen un peso esencial en los principios rectores de la acción exterior española recogidos en la reciente Estrategia de Acción Exterior.

Partiendo de la base de que el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a dominación colonial es uno de los principios basilares del Derecho internacional contemporáneo, es necesario subrayar que, a diferencia de otras potencias que se han alineado con Marruecos, España tiene obligaciones jurídicas extraordinarias, derivadas de su condición de antigua potencia colonial, respecto del Sáhara Occidental. En consecuencia, en contra de lo señalado por Albares, «la decisión del gobierno español de apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, y, en consecuencia, una grave violación del Derecho internacional».

En unos momentos en los que tanto España como la UE defienden un orden internacional basado en normas frente a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, respaldar la posición de Marruecos, que se anexionó ilegalmente el territorio saharui tras la Marcha Verde, da pábulo a acusaciones de doble rasero, a la par que revela importantes incoherencias y contradicciones en la política exterior de España que debilitan su imagen y credibilidad internacionales.

Dado que el viraje del gobierno español resulta incompatible con los valores establecidos en la política exterior de España, cabe preguntarse si, en este caso, España habría sacrificado sus valores en aras de la defensa de su interés nacional.

De hecho, este acuerdo se ha interpretado por algunos comentaristas como un ejercicio de pragmatismo y de realpolitik, y, en este mismo sentido, para el propio expresidente Zapatero sería la única opción viable para solucionar un conflicto enquistado y lograr mejorar las condiciones de vida del pueblo saharui.

En su carta, el presidente del Gobierno español enfatiza que en el nuevo tiempo de cooperación que se abre entre España y Marruecos «todas estas acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países». Por lo tanto, cabe inferir que, según el Gobierno, a cambio de su apoyo al plan de autonomía marroquí, España logra solventar el conflicto territorial con el reino alauí. Como señaló Albares: «Siempre es un buen momento para alcanzar un acuerdo que garantiza la integridad territorial de España».

Sin embargo, hasta el momento Marruecos se ha limitado a publicar fragmentos de la carta española, sin tan siquiera llegar a suscribirla, como hubiera sido el caso de una declaración conjunta. Por consiguiente, de la conducta de Marruecos no se desprende ningún compromiso político, no digamos ya jurídico, que permita entender que Marruecos haya renunciado a sus reivindicaciones territoriales con respecto a España.

En este sentido, es forzoso entender que la «recuperación» de Ceuta y Melilla sigue siendo un objetivo estratégico a largo plazo irrenunciable para Marruecos, como lo es el propio Sáhara Occidental. Tácticamente, la reivindicación puede quedar postergada como prioridad política, pero estratégicamente persiste y se volverá a poner sobre la mesa en cuanto una nueva crisis bilateral afecte a las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat.

Así pues, desde el punto de vista del mantenimiento de la integridad territorial del Estado, núcleo duro del interés nacional de cualquier país, pues de ella depende su propia pervivencia, la decisión del gobierno de España se presenta como insuficiente e insatisfactoria a medio y largo plazo, más allá de que en el futuro más próximo logre apaciguar a Marruecos y rebajar notablemente las tensiones fronterizas.

La publicación de la carta de Pedro Sánchez cierra la aguda crisis diplomática de casi un año de duración entre Madrid y Rabat. El inmediato regreso de la embajadora de Marruecos en España, tras diez meses desde su retirada, implicará el cese de los problemas migratorios que han sometido a una enorme tensión la frontera con Ceuta y Melilla.

No obstante, no se puede ignorar que conforme se cerraba el conflicto diplomático con Marruecos, se abría otro de aún imprevisibles consecuencias con Argelia, cuyo gobierno respondía al «brusco giro» de España con la llamada a consultas de su embajador en Madrid.

Se trata, en suma, de un giro fundamental en la política exterior de España, adoptado sin debate ni acuerdo alguno en el ámbito interno español, contrario a los valores de España, pues se sitúa, en este asunto, al margen del Derecho internacional y pierde credibilidad como potencia media normativa, y también contrario a sus intereses nacionales, toda vez que, pese a los deseos de Sánchez y Albares, no se logra obtener de Rabat ninguna garantía respecto de la integridad territorial de España.

Es destacable, por último, que el viraje del Gobierno ha generado una notable división política en España, incluso dentro del propio Gobierno de coalición.

Esta falta de cohesión interna bien puede ser percibida por Marruecos y Argelia como una muestra de inconsistencia y debilidad de la posición española que ambos países podrán tratar de explotar en el futuro.

Este artículo ha sido publicado en 'The Conversation'.