La Junta Electoral lleva a Torra a la Fiscalía por «burlar» sus órdenes e insta a los Mossos a actuar

A primera hora de la mañana, más de 24 horas después de que hubiera expirado el plazo otorgado a Torra por la JEC para retirar unos los símbolos que, a su juicio, comprometen la exigible neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral, los lazos amarillos seguían en su sitio. Aún quedaban aun así varias horas para que los magistrados y juristas del organismo supervisor se reunieran y evitar una sanción. Pero el Gobierno de la Generalitat de Cataluña optó por una salida que las fuerzas independentistas califican de «creativa» y el resto de partidos de ámbito nacional, a excepción de Podemos, como una «burla y una tomadura de pelo» (PSOE), un «juego de trileros» (PP) y «un ataque a media Cataluña» (Ciudadanos).

En lugar de descolgar la pancarta del Palau de la Generalitat, Torra optó por cubrirla a las 10:30 horas por otra con el mismo lema de la anterior, «libertad presos políticos y exiliados» (en inglés y catalán) que simplemente sustituía el lazo amarillo por un lazo blanco atravesado por una franja roja. En una ventana contigua, los mismo funcionarios del Gobierno catalán colocaron una segunda pancarta que reclama «libertad de expresión», con el logo utilizado en 1977 por Els Joglars, la compañía teatral de Albert Boadella, para denunciar la censura. Otras consejerías eligieron fórmulas distintas. Algunas, como la de Interior o Gobernación simplemente cambiaron los lazos amarillos, considerados partidistas por la JEC, por lazos blancos. Otras, como Agricultura, llenaron su entrada acristadalada de vinilos amarillos con la forma de un tractor, animales y frutas bajo el lema «los juzgan a ellos nos juzgan a todos».

El presidente de la Generalitat se había comprometido el martes a hacer lo que le indicara el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, al que, dijo, había pedido un informe para 24 horas después. Este órgano no tiene competencia formal en la materia pero, según se supo el miércoles, en realidad ya había emitido el viernes anterior una recomendación favorable a la retirada de toda la simboligía independentista. Conocido su criterio, Torra reiteró que lo atendería, pero añadió que lo haría «manteniendo el respeto pleno a la libertad de expresión».

La afirmación se tradujo en una exhibición de imaginación variada -y reportada a la JEC por la Delegación del Gobierno- que ahora puede acabar costándole la inhabilitación para el empleo o cargo público (algo que, en todo caso, no sería inmediato sino fruto de un proceso judicial por el delito de desobediencia) y una multa administrativa que puede ir de los 300 a los 3.000 euros recurrible por la vía de lo contencioso administrativo.

En su estrategia de tensión con el Estado, Torra envió por la tarde a la Junta Electoral Central un escrito de alegaciones en el que ponía de manifiesto que ya no había «esteladas ni lazos amarillos» en los edificios públicos de la Generalitat y solicitaba a la JEC que desestimara la denuncia presentada por Ciudadanos, en la que se pedía sancionar a Torra y forzar la eliminación «inmediata» de la simbología soberanista.

Es cierto que tanto en su escrito del 11 de marzo como en el que emitió de nuevo este lunes, la JEC se refiere de manera expresa a la retirada de «banderas 'estelades' y lazos amarillos» nada más, pero también dejaba claro que la razón por la que consideraba los lazos amarillos emblemas partidistas era «porque se ha utilizado para recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva».

En su escrito de este jueves, los magistrados subrayan que la actuación de Torra «no puede entenderse o valorarse ni tan siquiera como un intento de cumpliemnto formal» y laseguran que su única finalidad es la de «eludir o burlar» los dos requerimientos expresos que se le habían realizado. «Ello es así -insisten- porque tanto la conformación y contenido de los carteles como la identidad de los símbolos incorporados a ellos evidencian que el significado de la propaganda es el mismo sin que pueda concederse relevancia material a la maniobra de cambiar el color de los lazos que, con la misma forma y trazado se incorporan a los carteles» .

La Delegación del Gobierno tiene de nuevo ahora el encargo de informar a la JEC sobre el cumplimiento de la nueva instrucción que esta vez pone en el punto de mira a Buch y al Prefecto de los Mossos.