La UCO detiene en Bizkaia a un tercer implicado en la trama de Leire y práctica registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla

Entre tanto, avanzan las pesquisas sobre esta nueva red corrupta que salpica al PSOE y al Gobierno. En la UCO ya creen tenerlo bastante claro: Leire Díez no era solo una supuesta 'fontanera' de las presuntas cloacas de Ferraz como hasta ahora se creía, sino que también es desde hace al menos seis años la pieza clave de una nueva y desconocida (al menos para la opinión pública) trama corrupta de adjudicaciones irregulares de dinero público que ha venido operando prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en junio de 2018. Los funcionarios del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, sitúan en el otro vértice de la trama a Vicente Fernández Guerrero y al tercer arrestado en el País Vasco, cuya identidad todavía se desconoce.

La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, sigue secreta y el sigilo en la UCO es casi total, aunque las fuentes consultadas por este periódico durante las últimas horas ya han revelado algunas de las piezas de este desconocido y muy complejo puzle en el que Anticorrupción acusa a Díez y a Fernández de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Uno de los puntos clave de esta investigación, según revelan fuentes de la misma, es la tecnológica vasco-navarra Cistec Technology. Leire Díez, en un dato que no incluyó en su currículum oficial, fue consejera de esta firma entre otoño de 2021 y otoño de 2023. Díez, sin ningún tipo de formación o experiencia previa en la «consultoría de telecomunicaciones», compaginó este puesto con su paso por cargos directivos de Correos, como jefa de área de Relaciones Institucionales y directora de Relaciones Institucionales y Filatelia. Antes de la llegada de la 'fontanera' a Cistec, en 2018, la SEPI, bajo el mandato de Fernández, se hizo con el 25% de esta compañía. Desde entonces, y sobre todo a partir del desembarco de Díez en la firma, las inyecciones de dinero público (por subvenciones o contratos) se dispararon.

Todos esos desembolsos y el papel del Leire en esta tecnológica que solo abandonó meses antes de meterse de lleno en la supuesta fontanería de Ferraz están siendo analizados con lupa. Cistec, desde que se conociera que Díez fue su consejera, ha negado siempre cualquier tipo de irregularidad y ha venido subrayando que la ahora detenida ni siquiera llegó a cobrar por ese cargo.

Otro vértice de las pesquisas es el bar hispalense La Bola, del Sevilla TechPark, que desde junio de 2023 pertenece a una sociedad controlada por Fernández, quien es el administrador único. Es un bar de polígono sin pretensiones y sin apenas estructura, pero que en 2023, al poco de que el expresidente de la SEPI se hiciera con él, declaró una facturación de 386.997 euros cuando el año anterior estaba en pérdidas.

La UCO sospecha que este local, entre otras muchas estructuras, pudo servir para lavar dinero de la trama de adjudicaciones irregulares, tanto propias como ajenas, ya que –recuerdan los investigadores- el exmano derecha de María Jesús Montero trabajó entre 2021 y 2023 en Servinabar, la empresa de Santos Cerdán. Servinabar pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra constató en la información que remitió al Tribunal Supremo que la constructora de Alonso y Cerdán le retuvo 40.800 euros en 2022, pero el organismo foral no concretó a cuánto ascendió su sueldo en ese ejercicio. Y es que «la sombra de Cerdán», explican mandos del operativo, planea por todo esta nueva trama.

Buena parte de las ganancias de esta red –sospechan en la Guardia Civil- ha acabado en el enorme patrimonio de que Vicente Fernández ha amasado en los últimos años, particularmente desde que fuera incorporado a la SEPI por Montero. Fernández ha inscrito a su nombre, sobre todo entre 2018 y 2025: un piso de 330 metros cuadrado en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro en Madrid; dos chalets en la exclusiva urbanización sevillana de La Juliana, en El Aljarafe; tres inmuebles más en Marbella, además de garajes y trasteros. Los investigadores estiman que tiene un patrimonio inmobiliario superior a los cuatro millones más activos cercanos a otro millón.