La caja 908 de los Villarejo

Villarejo se tapa al acudir al juzgado. /Jorge Zapata (EFE)
Villarejo se tapa al acudir al juzgado. / Jorge Zapata (EFE)

Jueces, fiscales y defensas libraron una batalla en la Audiencia Nacional tras hallarse 827 billetes de 50 euros en una caja de seguridad de un banco de Córdoba, propiedad de la exmujer del comisario jubilado y del hijo investigado de ambos

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Un código alfanumérico llamó la atención a los agentes de Asuntos Internos. Procedían al registro de la vivienda de José Manuel Villarejo en la finca El Montecillo (Boadilla del Monte, Madrid), la mañana del 3 de noviembre de 2017, cuando vieron una anotación: N-770033142-4. Los integrantes del Grupo III le dieron varias vueltas a esta clave entre la abundante documentación intervenida y, tras realizar varias averiguaciones, remitieron un oficio al juzgado.

Los investigadores que habían derribado el telón de acero de los negocios de Villarejo solicitaron la apertura de una caja de seguridad «propiedad o contratada» por éste. Estaba en la sucursal 6028 de Cajasur en Córdoba. Había sospechosas de que en su interior hubiera joyas, dinero, documentación, ordenadores, teléfonos móviles o agendas que pudieran tener un «interés real» para la causa. Igualmente se solicitaba el «descerrajamiento» de la misma si algunas de las llaves requisadas no se correspondieran con ella.

El arca estaba a nombre de Jose Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario jubilado preso, y de la exmujer de éste, Francisca Gil. Ante la sospechosa de que el contenido pudiera venir del blanqueo de capitales, los fiscales anticorrupción del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, pidieron su apertura al magistrado Diego de Egea, entonces de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción seis de la Audiencia Nacional.

No había tiempo que perder. El oficio policial llegó el 16 de noviembre y el día 21 el instructor acordaba en un auto intevenir la caja. Para ello mandó un exhorto al juzgado de guardia de Córdoba. Poco antes había conocido el montante incautado en el chalet de Villarejo: 66.355 euros y 3.500 dólares. Mientras que en la casa de Estepona requisaron 109.810 euros.

A las 9.55 horas del 24 de noviembre se reunieron en el Cajasur de la avenida del Gran Capitán dos agentes de Asuntos Internos llegados desde Madrid, el director de la sucursal, un letrado del juzgado, Francisca Gil, como cotitular de la caja autorizada por su hijo, y la abogada de éste. La exmujer de Villarejo aportó la llave de la caja 908.

En una nota a la que ha tenido acceso este periódico, los policías relataron el hallazgo tras realizar una llamada de verificación al juez. Eran las 11:30 cuando se abrió el arca. En su interior había una bolsa de El Corte Inglés. Contenía dinero en billetes solo de 50 euros. En total 827, que sumaban 41.350 euros. Los agentes lo metieron en un sobre y cumplimentaron el acta bajo la supervisión del letrado judicial. El montante lo enviaron a la cuenta de depósitos y consignas judiciales en Madrid.

Nota del sumario.
Nota del sumario. / R. C.

«Los ahorros de toda su vida»

A partir de ese momento comenzó la batalla legal por la caja 908. La abogada del hijo de Villarejo remitió un escrito al juzgado. Contaba que la propietaria era Francisca Gil, matrona de profesión y separada del comisario hacía 20 años. Afirmó que ese dinero eran «los ahorros de toda su vida» y que el hecho de que el cotitular fuera su hijo investigado obedecía a una cuestión personal: «Es una persona mayor y le puede pasar algo en cualquier momento».

La abogada Ángela Díaz-Bastién, hija del letrado de confianza de Villarejo, reclamó, en virtud del artículo 393 del Código Civil, el desbloqueo y la devolución del dinero o, al menos, del 50% para no vulnerar la presunción de Francisca, que no está investigada. Ella misma se lo contó al juez De Egea en una carta.

La respuesta de los fiscales no se hizo esperar. El 22 de diciembre señalaron que la defensa no aportaba documentos que justificaran el origen del dinero, y la explicación de los ahorros era «incoherente». «No es casual que la devolución la pida el investigado», apreciaron.

Solo cuatro días después el juez respaldó esta postura en una providencia. Y tras otro cruce de escritos, en los que la defensa cargó con dureza contra ellos -«decir que el dinero venga del blanqueo es una afirmación cuanto menos ligera», reprochó-, el juez rechazó el recurso de reforma del hijo de Villarejo.

Pero la guerra de recursos no acabó ahí. Los fiscales aportaron nuevos indicios el 8 de febrero de 2018. «Más allá de la extravagante forma de ahorrar ese dinero», se han hallado dos contratos de una mercantil de Francisca Gil con el investigado Rafael Redondo, socio de su exmarido, que demostrarían una relación empresarial. Y el juez introdujo una valoración personal. «Resulta inverosímil que los ahorros de una vida no se guarden en una cuenta corriente».

Ante esta negativa, a la defensa solo le quedaba una última carta: acudir en apelación a la Sala Penal, órgano superior. El escrito de 20 de febrero describe que el «afán persecutorio» a Francisca «tiene su origen en un burdo sofisma: todo dinero efectivo es ilícito». Y pidió al tribunal la admisión del recurso final.

Un mes después, la Sección Tercera presidida por Alfonso Guevara zanjó estos cuatro meses de conflicto. Por unanimidad, los tres jueces estimaron de forma parcial la apelación y autorizaron el desbloqueo del 50% del dinero, 20.675 euros, para devolvérselos a Francisca. Concluyeron que los indicios aportados por los fiscales no permiten desbordar la «presunción absoluta» que tiene el origen de los «ahorros de toda una vida». Un dinero que la matrona cordobesa decidió un día guardar en una caja de seguridad.