El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración

A la vez, su integración ha abierto nuevos retos a los servicios públicos, y también ha desatado prejuicios que no siempre están avalados por los datos. Por ejemplo, la población inmigrante usa menos todos los servicios sanitarios en comparación con la población autóctona, de acuerdo a una investigación de la Revista Clínica de Medicina de Familia. Sin embargo, las tasas de delincuencia de la población extranjera son superiores a las de los nacionales (14,6 por cada 100.000 habitantes frente a 5,8), del mismo modo que el 72% de los condenados son españoles y el 28%, extranjeros. Con todo esto encima de la mesa, los partidos cambian sus estrategias sobre la inmigración y ajustan sus programas.

PP

En su nueva ponencia política, aprobada en el congreso de julio, el PP propone un endurecimiento de sus políticas sobre la inmigración. Los populares critican que España lleva años «sin ejercer un control efectivo sobre la inmigración ilegal, con fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley». El partido de Alberto Núñez Feijóo reclama «establecer vías efectivas de entrada legal y ordenar la entrada de personas» y reclama «primar la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores», en referencia a los latinoamericanos. Además, el PP propone eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas y anuncia «tolerancia cero» contra «los que cometen delitos» y en concreto, «contra la reincidencia».

PSOE

El PSOE hace de la integración de los inmigrantes una de sus principales políticas sociales. El principal partido del Gobierno está impulsando desde el Congreso una nueva regularización para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre del 2024. Este texto, que fue relanzado en mayo, trata de cubrir las carencias de otro documento, el Reglamento de Extranjería, que ha abierto la puerta a la regularización de otros 300.000 inmigrantes.

Vox

La moción de Vox en Jumilla contra los actos públicos de los musulmanes es la última muestra de la dura posición del partido de Santiago Abascal contra la inmigración. Este partido habla sin tapujos de «deportaciones» para «todos los que hayan venido a delinquir», «todos los que pretendan imponer una religión extraña», «todos los que maltraten o menosprecien a los mujeres», «todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás» y «todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres», según ha explicado Abascal.

Sumar

En el extremo contrario se posiciona Sumar, que reclama la legalización masiva de todos los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. «Frente a su odio, derechos humanos», es el lema que ha adoptado la formación tras los sucesos de Torre Pacheco y Jumilla.

Junts y Aliança Catalana

La irrupción en Cataluña de un partido abiertamente secesionista y antiextranjeros, como Aliança Catalana, que llega a afirmar que Vox es «permisivo con la inmigración masiva», ha obligado a Junts a modular su postura en varias ocasiones. Cuando despegó el partido de Silvia Orriols, la formación de Carles Puigdemont endureció su discurso con el objetivo de no parecer débil y arrancó del Gobierno central un compromiso para gestionar la inmigración en Cataluña. Sin embargo, el propio Puigdemont, en una intervención en la localidad francesa de Prats de Molló, rechazó las deportaciones masivas y los «radicalismos».