La Audiencia Nacional archiva la querella a Florentino Pérez y cinco exministros por el proyecto Castor

Imangen de archivo de Florentino Pérez./EFE
Imangen de archivo de Florentino Pérez. / EFE

La Sala de lo Penal confirma la decisión de la juez Lamela porque no hubo «concierto criminal» para favorecer al presidente de ACS

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión de la juez Carmen Lamela en la que desestimó y archivó la querella interpuesta contra los exministros socialistas Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, el popular José Manuel Soria y empresarios como el presidente de ACS, Florentino Pérez, en relación con el proyecto gasístico Castor frente a las costas de Castellón y Tarragona.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera rechazan el recurso de apelación presentado por la entidad catalana 'Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització' (XODG), impugnado por la Fiscalía, contra el auto de Lamela del pasado 21 de junio, que archivó la querella al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal.

La Sala analiza el recurso y los argumentos de la instructora y concluye que los hechos descritos «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización» del Estado a ACS por la suspensión del proyecto: 1.350 millones de euros, anulada luego por el Tribunal Supremo.

El auto asegura que no cabe cuestionar la corrección de errores a un Real Decreto al ser una decisión administrativa firme sobre la que la jurisdicción penal no tiene competencia y apunta que no existen indicios de sobrecoste, puesto que en la Memoria adjunta al Real Decreto-Ley se determinaba la existencia de auditoría indicando la existencia de costes pendientes de facturas y también se contaba con otra auditoría sobre la inversión después de una inicial aportada por la compañía Escal UGS, participada en un 66% por ACS.

Para los magistrados, se excluye el «concierto criminal» en los hechos objeto de análisis puesto que la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

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